La diputada pevemista Maribel León Cruz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación con la finalidad de superar la omisión del Poder Legislativo que al expedir esa norma no consultó a pueblos indígenas ni a personas con discapacidad.
Este miércoles, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso local, los integrantes de la misma dieron entrada a la propuesta de la legisladora a fin de atender el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la norma de Tlaxcala.
Lo anterior luego que los ministros de la Corte invalidaron algunos de los artículos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, al considerar que, en el proceso parlamentario, los diputados violaron el derecho a los grupos indígenas y personas con discapacidad a ser consultados.
En su momento, por considerarla violatoria de la Carta Magna, la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del Poder Legislativo de Tlaxcala por la aprobación de la Ley de Educación, al considerar que los integrantes de la LXIII Legislatura local, violaron los derechos fundamentales de grupos indígenas y personas con discapacidad al validar la citada norma, misma que fue publicada el 26 de mayo de 2020.
La legisladora Maribel León explicó que con la finalidad de no incurrir en las mismas omisiones, desde el inicio de la LIX Legislatura realizaron diversas consultas los grupos indígenas y personas discapacitadas, las cuales fueron tomadas en cuenta en su propuesta que contiene diversos preceptos para atender sus demandas o recomendaciones.
“En función de los resultados de la consulta, se identificó la necesidad de reformar y adicionar la Ley de Educación para el estado de Tlaxcala, en virtud de diversas peticiones, requerimientos y propuestas que fueron recibidas durante este proceso de consulta, las cuales fueron presentadas ya sea de forma directa por parte de la población durante el diálogo sostenido con las autoridades presentes en cada uno de los foros realizados o bien, recibidas a través de la aplicación del instrumento de encuesta que se aprobó para la consulta, o en su caso, derivado de la presentación de escritos o iniciativa ciudadanas presentadas por representantes de la sociedad civil y asociaciones civiles, cuya actividad está orientada a la defensa y protección de los derecho de las personas con discapacidad o bien de comunidades y pueblos indigenas, las cuales están debidamente justificadas”, detalló.
El proyecto de la congresista prevé una serie de medidas para atender a estos dos sectores de la población ya sea a través de una mejor educación indígena, con la participación de los pueblos originarios y capacitación a docentes como con acciones y medidas de inclusión a favor de personas con discapacidad.
La propuesta fue remitida a las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente.