Eliminar pago obligatorio de cuotas sindicales debería ser una iniciativa que trabajen los diputados locales. Hacer de ello un compromiso con la clase trabajadora de la entidad.
En México, el sindicalismo se desarrolla como parte del gobierno–partido que se instala en Palacio Nacional en 1940. Lo que determina que el Estado, a través de sus tribunales, sea quien otorga o niega las tomas de nota.
Para dotar de recursos a las organizaciones sindicales, se acuerda que el patrón descuente del salario de los trabajadores la cuota sindical y la entregue a la dirigencia. Lo que permite la existencia de eternos líderes que se hacen dueños del sindicato.
Mientras los líderes sindicales están en sintonía con el patrón. Quincenalmente reciben una buena cantidad que les permite sufragar su vida y la de su familia, y a veces heredar la dirigencia a sus hijos.
Si la afiliación o pertenencia a un sindicato es un acto voluntario. Ese mismo camino deberían tener las aportaciones. Y, no ser una obligación patronal.
Si el Congreso local aprueba leyes para tlaxcaltequizar morelenses. También podría ocuparse de quitar la loza que pesa sobre los bolsillos de los trabajadores con las cuotas sindicales.
Dejar a la libertad individual, como lo consagra la Constitución federal y local. Y, sean los trabajadores que se afilien de forma voluntaria y en esa misma lógica, los que acuerden el mecanismo para el sostenimiento de las organizaciones sindicales.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte –hoy Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá–, obligó al gobierno mexicano a legislar y supervisar la elección democrática de las dirigencias sindicales.
No fueron los representantes de la población los que vieron por ellos, sino un gobierno extranjero, por la incapacidad para cumplir con la tarea para la que fueron electos.