Lo que más ha costado trabajo romper son las barreras sociales e institucionales, aseveró Gabriela Hernández Islas, enlace del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad y presidenta del Comité Estatal de esta organización.
En la presentación de integrantes de esta asociación en el estado, en instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien también fuera por solo algunos días directora del ahora extinto Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD) en la actual administración de Lorena Cuéllar Cisneros, reiteró que ese organismo era necesario, ”lo sigue siendo y lo será” porque este es un sector vulnerable.
Recalcó que la política de austeridad “permitió” que la nueva Secretaría de Bienestar asumiera las funciones del ITPCD, pero que aún se desconoce si la medida es buena o mala, ya que esa dependencia apenas inicia operaciones.
“Necesitamos ver si realmente funciona tan bien como lo hacía el ITPCD, habría que darle el beneficio de la duda”, y en todo caso, proceder a pedir la creación de un instituto “o adherirnos a la Secretaría de Bienestar”.
La exfuncionaria precisó que este Movimiento es apartidista, ya que se trata de un grupo social conformado por ciudadanos preocupados por alcanzar la inclusión de las personas con discapacidad, así como la garantía y respeto de sus derechos humanos.
Acentuó que el objetivo es lograr la plena participación de este sector de la población y su verdadera inclusión en la sociedad, pues si bien “cuesta mucho trabajo romper las barreras arquitectónicas, pero las sociales, de lenguaje, de conducta, son las que más nos ha costado eliminar a la fecha, ha sido un reto incluso para la educación inclusiva, juventudes y comunidad sorda” que son emblemáticas en este ámbito.
Por ello, resaltó que se debe trabajar más en esta área, pues se requiere de acciones integrales enfocadas hacia diversas deficiencias, como la capacitación a servidores públicos, sensibilización y aprendizaje de la lengua de señas.
Apuntó que, entre otras cosas, los ayuntamientos deben cumplir con la cuota de 20 por ciento de personal con alguna discapacidad; educación inclusiva y la emisión de acciones afirmativas por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), para que personas en esta condición “no sufran más violencia”.
Al respecto, realzó que en Tlaxcala las mujeres con discapacidad se enfrentan a una “muerte política”, pues si levantan la mano para ser candidatas son restringidas. Añadió que en materia legislativa también existen pendientes y que en el Poder judicial es importante la capacitación para que las resoluciones sean perspectiva de derechos humanos y a favor de esta población.
A esta esta presentación asistió la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, quien ofreció al Movimiento el respaldo de este órgano autónomo y una vinculación en acciones dirigidas a mejorar la situación de las personas con discapacidad.
Reconoció que “tristemente” los trabajos hacia este sector no han sido el número uno en materia de derechos humanos en el país, por lo que anunció que la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos preparan una recomendación general, para observar a estados que aún carecen de legislación al respecto, entre otras cosas.