El 4 de junio, un juez de control del estado de Puebla liberó una orden de aprehensión en contra de integrantes de la familia Jenkins así como de sus abogados, por el probable desfalco del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, estimado en 14 mil millones de pesos.
En 2014, previo a la aprobación de la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, se permitió por las autoridades estatales, quienes tienen la obligación de vigilar el funcionamiento de dichas instituciones, una serie de irregularidades asociadas a la supuesta donación del patrimonio de la fundación, contraviniendo los propios estatutos de la misma y la voluntad de su fundador.
El recurso legal actual se suma a otra orden de aprehensión que el 16 de marzo fue liberada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de varios miembros de la familia por el desfalco del patrimonio de la fundación que presiden. Además de la acusación de lavado de dinero y la indagatoria por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que incluso ya le requirió el pago de 629.2 millones de pesos derivados del incumplimiento de créditos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Como ya lo hemos documentado en otras ocasiones, las resoluciones tienen origen en una denuncia que en 2013 presentó Guillermo Jenkins de Landa, el hijo primogénito de la familia, ante diversas instancias, entre estas la FGR y la Junta de Asistencia Privada para el Estado de Puebla, cuando lo separaron como patrono de la fundación y por el desfalco del patrimonio de la Fundación y la triangulación de los recursos a paraísos fiscales.
A fines del mes pasado, el abogado de Guillermo Jenkins de Landa, Carlos Serna, informó que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla ya trabaja en la remoción de los patronos de la Fundación Mary Street Jenkins, como parte del procedimiento administrativo y legal que sigue para recuperar el patrimonio de esta institución.
La denuncia no había sido atendida por las anteriores autoridades estatales, sino hasta el arribo de Luis Miguel Barbosa Huerta como gobernador del estado. Con el inicio de la actual administración los directivos de la Junta de Asistencia Privada para el Estado decidieron indagar el caso y comunicar los hallazgos a la FGR. En años anteriores la junta ignoró el caso, en tres administraciones, la de Rafael Moreno Valle, la José Antonio Gali Fayad y la del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido.
Lo anterior muestra la responsabilidad de las instituciones públicas en la vigilancia de instituciones perfectamente reguladas por la ley, pero sujetas a todo tipo de intereses privados.