Graves deficiencias detectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en las áreas de detención de Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en Puebla, lo que puede derivar en maltrato o tortura.
Entre estas se encuentran la falta de mantenimiento, de suministro de agua corriente, ventilación, iluminación e higiene; ausencia de privacidad en las comunicaciones telefónicas, en entrevistas con abogados y visitantes, así como insuficiencia de personal y equipo médico.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el Informe Inicial 06/2017, resultado de las visitas realizadas a Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en la Ciudad de México y en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y en territorio poblano.
El documento también arroja que se detectó carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física, y en pocos casos carencia de planchas para dormir, espacios y alimentos, certificaciones de integridad física sin condiciones de privacidad, así como falta de personal femenino de custodia para mujeres.
Lo anterior es resultado de las visitas realizadas en junio del año pasado para examinar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en 77 áreas.
En las visitas se verificaron las condiciones del trato y estadía de las personas detenidas, lo que permitió analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, observando aquello relacionado con el trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal, así como las condiciones de trato para personas que pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad.
El trabajo del personal del organismo defensor incluyó entrevistas con personal directivo, médico y de seguridad de las distintas unidades, agencias y fiscalías; la aplicación de cuestionarios y de entrevistas con las personas detenidas, revisión de expedientes y documentos de registro, así como recorrido por las instalaciones para verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las áreas.
La CNDH exhorta a las autoridades a atender las situaciones de riesgo que se señalan, promoviendo el diálogo y disposición para alcanzar el objetivo de inhibir cualquier situación o procedimiento que constituya un factor que permita que una persona pueda ser víctima de ese flagelo.