En la aprobación de las reformas a las leyes secundarias que dotarán al Congreso local de una Unidad Técnica de apoyo en el control, vigilancia y evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE), las bancadas de Morena y el PRI rechazaron que se trate de un “traje a la medida” para la remoción del auditor superior, Francisco José Romero Serrano.
En la discusión de las modificaciones en tribuna, previo a su aprobación, Jorge Estefan Chidiac, coordinador de la fracción tricolor, señaló que los diputados no necesitaban una enmienda si su propósito hubiera sido destituir al titular de la ASE, más aún cuando el nuevo procedimiento de remoción exige conceder derecho de audiencia a la persona que resulte afectada.
Agregó que el Congreso se hubiera podido ir “por la libre”, aprovechando viejas disposiciones que no daban certeza jurídica al auditor, pero dijo no se hizo porque el propósito de las reformas fue homologar el marco normativo del estado a las disposiciones federales en materia de combate a la corrupción, postura en la que coincidió la morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo.
El único legislador que aseguró un trasfondo político en las modificaciones fue Oswaldo Jiménez López, integrante del grupo legislativo del PAN.
“¿Estamos haciendo reformas que eran necesarias para armonizar el marco jurídico local? Sí. El tiempo en el que lo estamos haciendo tiene el tufo de que le estamos tendiendo la cama a un personaje y no lo podemos negar”, manifestó ante el pleno.
Funciones de Unidad Técnica
La Unidad Técnica apoyará a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso, antes Comisión Inspectora, en la supervisión del auditor superior y demás servidores públicos de la ASE, a fin de que se sujeten a lo establecido en la ley, de acuerdo con la reforma aprobada a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
La Unidad Técnica, en el caso de los servidores públicos de la ASE, tendrá facultades investigadoras y substanciadoras, además de que podrá imponer las sanciones administrativas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el caso de las faltas graves, la unidad técnica tendrá que promover la imposición de sanciones ante la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Para que se instale la Unidad Técnica, que ya es contemplada en la Constitución local gracias a una reforma aprobada el año pasado, así como en las leyes secundarias de Rendición de Cuentas y Orgánica del Poder Legislativo, todavía se requiere la expedición de un reglamento que estará listo en un plazo máximo de 80 días, de acuerdo con los artículos transitorios de las reformas aprobadas por el Congreso el viernes pasado.
Otro de los artículos transitorios estipula que los asuntos iniciados por el Órgano Interno de Control de la ASE, contra servidores públicos de esa institución, pasarán a la Unidad Técnica, para que ésta continúe su curso hasta su conclusión.
Jorge Estefan y su par del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, explicaron que en la dictaminación del paquete de reformas a las leyes secundarias se determinó que el titular de la Unidad Técnica será designado por las dos terceras partes del pleno, cuando la propuesta inicial de la Junta de Gobierno y Coordinación Política era la mayoría simple.
“Fijar un porcentaje de dos terceras partes no tiene que ver con una coyuntura, sino con una visión a largo plazo, de que independientemente de lo que pase en este Congreso, tendrá que haber diálogo entre las distintas fuerzas para llegar a un acuerdo que permita no sólo su designación, sino también su remoción”, expuso Alcántara.