Francisco Romero Serrano, quien fue suspendido temporalmente como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue vinculado a un proceso penal acusado del delito de violencia familiar, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En audiencia el agente del Ministerio Público aportó información respecto a un hecho del 23 de octubre de 2021 en el fraccionamiento residencial Country Club La Vista del municipio de San Andrés Cholula, donde presuntamente el imputado agredió de manera física y verbal a un menor de edad, hijo de su pareja sentimental.
Tras formular imputación por el delito de violencia familiar, el 19 de febrero, el juez de Control determinó vincular a proceso a Francisco José N. con las medidas cautelares de abstenerse de molestar a la víctima, separación inmediata del domicilio, firma periódica y la suspensión temporal laboral.
La investigación complementaria seguirá en curso para determinar responsabilidades en el caso, según refirió la fiscalía.
Fue el pasado 14 de febrero cuando osé Romero Serrano fue suspendido temporalmente del cargo de titular de la ASE, como medida cautelar emitida por un juez de control, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en contra de un menor de edad.
Romero aseguró que la actuación en su contra violentó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se giró a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de que detuviera la integración de la carpeta de investigación, luego de que ese órgano constitucionalmente autónomo advirtió una posible persecución política.
El niño involucrado es hijo de Joseline Zurita, pareja de Romero, que rechazó el 24 de diciembre pasado, en un video publicado en redes sociales, que ella y el menor hayan sido objeto de violencia familiar por parte de su esposo.
La suspensión fue notificada al Congreso de Puebla por el juez de control de la región judicial centro poniente del estado, Javier Vázquez Hernández, y la mesa directiva dio cuenta de la misma a los integrantes del pleno en la sesión de este día.
La medida cautelar se decretó en audiencia oral y pública el 13 de febrero pasado y se informó al Congreso a fin de que realice los trámites administrativos que permitan “el estricto cumplimiento” a lo ordenado.
El Congreso fijó postura a través de un comunicado en el que dio a conocer que el documento será analizado en el interior de los órganos legislativos a los que fue turnado, para emitir la “resolución procedente”.
Tras hacerse pública la decisión del juez de control, Francisco Romero difundió un documento firmado el 4 de febrero pasado por la directora General de Quejas y Orientación de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, donde solicitó a la FGE la instrumentación de medidas cautelares, “a causa de una posible persecución y hostigamiento” contra el entonces auditor.
La funcionaria de la CNDH comunicó a la fiscalía que Joseline Zurita denunció que personal adscrito a la FGE, que encabeza Gilberto Higuera Bernal, la ha presionado, hostigado y perseguido para que formule una denuncia por violencia familiar contra Romero.
En consecuencia, el órgano defensor de derechos humanos solicitó a Gilberto Higuera girar “las instrucciones pertinentes a efecto de abstenerse de seguir integrando la carpeta de investigación en mención y abstenerse de seguir dando impulso procesal de oficio a la referida indagatoria, toda vez que la patria potestad la ejerce la quejosa, así como la prohibición de represalias en su contra”.