El gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta se ajustó al tope de gastos de campaña fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 42 millones 963 mil pesos 330 pesos, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Consejo General sobre los informes de ingresos y gastos presentados por los candidatos de la elección extraordinaria de este año.
Tras la resolución del Consejo General del INE, Luis Miguel Barbosa ya no tiene ningún impedimento para rendir protesta de cargo el 1 de agosto próximo.
A lo largo de la campaña, el PAN y el PRI pusieron en duda las erogaciones reportadas por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena–PT–PVEM) en la promoción de su candidato, Miguel Barbosa, y presumieron un posible rebase.
Tanto el Revolucionario Institucional como el PRD, este último aliado de Acción Nacional en los comicios del 2 de junio pasado, promovieron quejas en materia de fiscalización contra el actual gobernador electo que el INE desahogó ayer sin corroborar la acusación.
Alerta INE posible nulidad en Aguascalientes
En los seis estados en los que se celebraron elecciones este año participó un total de 806 candidatos, de los cuales solo nueve rebasaron el tope de gastos y uno de estos se encuentra en la posibilidad de perder el cargo de elección popular en el que se le declaró ganador.
De acuerdo con el INE, la posible nulidad podría concretarse en la elección de presidente municipal de Cosío, ayuntamiento de Aguascalientes, donde el ganador de los comicios rebasó en 8.82 por ciento el límite de erogaciones que se fijó en 322 mil 400 pesos y obtuvo su victoria con una diferencia a su favor menor a 5 por ciento de la votación (2.97 por ciento).
El instituto envió la resolución sobre el caso del municipio de Cosío al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que determine si se actualiza la causal de nulidad que contempla la Constitución del país.
Impone sanciones por 6.2 mdp en Puebla
El INE aprobó sanciones por un total de 6 millones 247 mil 444 pesos contra partidos y candidatos de Puebla por irregularidades en el gasto de campaña que reportaron al órgano comicial.
A nivel nacional, las tres conductas más sancionadas fueron egresos no reportados, egresos no comprobados por omitir la presentación de documentación soporte, así como aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) que no fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo.
La fiscalización del Instituto Nacional Electoral se soportó en los reportes que entregaron los candidatos, así como en monitoreos en vía pública y medios de comunicación que realizó su personal para detectar propaganda no reportada.