A través de su cuenta de twitter, la activista señaló que han sido 16 años de “batalla judicial por una magistrada corrupta”.
Incluso, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarse a escucharla.
“Hoy la SCJN tiene en sus manos por tercera vez en 15 años la posibilidad de proteger a las víctimas de explotación sexual y pornografía infantil, y a mí como sobreviviente de tortura”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó: “¿Liberarán también al gobernador pedófilo Mario Marín? o de nuevo protegerán a los criminales”.
En julio el tercer tribunal colegiado, con sede en Cancún, Quintana Roo, amparó al prófugo Kamel Nacif Borge en contra del auto de formal prisión que se le giró por el delito de tortura, del cual se le acusa en perjuicio de la periodista.
Por mayoría de dos contra uno, finalmente los magistrados señalaron que no se pudo comprobar que Nacif hubiera participado como autor intelectual de la tortura denunciada en su contra.
En un tercer tuit, Cacho informó que interpuso un amparo contra la liberación de Kamel Nacif, “el último y casi imposible recurso”.
Al respecto, la periodista dijo que está librando una guerra contra la trata sexual de niñas y la corrupción del Estado mexicano.
Mientras “el hombre que ordenó comprar una niña virgen de 13 años volverá a México; yo estoy en el exilio por impunidad”, cuestionó a las autoridades judiciales.
Hasta el momento, ni el Poder Judicial ni la FGR se han pronunciado respecto a las acusaciones Cacho.
Investigaciones judiciales apuntaron que Kamel Nacif huyó a El Líbano –su país de origen– luego de que en abril de 2019 un tribunal unitario de Quintana Roo libró orden de aprehensión en su contra y también del exgobernador de Puebla, así como de Adolfo Karam Beltrán y de Julián Sánchez Moreno, exjefes de la policía local y de mandamientos judiciales de la procuraduría estatal, respectivamente.
En el libro Los demonios del Edén, escrito por Lydia, el empresario fue señalado como uno de los integrantes de una red de pornografía y pederastia en la que se encuentra involucrado Mario Marín, quien gobernó el estado de Puebla durante el sexenio de 2005 a 2011, quien actualmente se encuentra recluido en prisión.
A raíz de la publicación del libro, Lydia Cacho fue objeto de amenazas y de una detención ilegal, en la que se cometieron actos de tortura en su contra, lo cual derivó en 2008 en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En mayo de ese año, la Interpol emitió la ficha roja para la localización y detención del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, requeridos por el delito de tortura contra la periodista.
