Hace ya tres años que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, arrasando también en el congreso y prácticamente en todos los puestos de elección popular que estuvieron en disputa el 1 de julio de 2018. No es casual atribuir a su persona los resultados de la elección, pues ha sido, precisamente, desde el gobierno federal que se han instrumentado los mayores cambios en el ejercicio del poder público en nuestro país.
El programa de gobierno del presidente López Obrador, establecía los tiempos para los cambios en materia legislativa de tal manera que permitieran la operación de los programas de bienestar, seguridad e infraestructura, para la ejecución del gasto público bajo una lógica distinta a los gobiernos anteriores.
Esto, sin embargo, no ocurrió del todo a nivel estatal y municipal. Las razones han sido diversas. En el caso de los municipios, por ejemplo, el tiempo que duran las administraciones hace difícil la ejecución de un proyecto de gran calado, tomando en cuenta que la estructura legal con la que operan los municipios no depende del cabildo, sino que está sujeta a las disposiciones del legislativo local. Por ejemplo, en Puebla no se ha podido revertir la privatización del agua, ya sea por una cuestión de voluntad política o por los costos financieros que podría traer al erario municipal. Otro tanto ha sucedido con las normas que, a nivel municipal, otorgan a empresas privadas la capacidad de ejercer el presupuesto público a través de contratos de prestación de servicios, mediante los cuales las empresas realizan funciones que el aparato gubernamental podría realizar, pero que debido al raquitismo operativo que se promovió en la época neoliberal, ahora resulta complicado de realizar para los gobiernos sin realizar cambios sustantivos en su organigrama y en sus reglas de operación.
No es fácil un cambio de este tipo, ya que las empresas constituidas para recibir contratos en gobiernos anteriores, se convirtieron en una especie de estructura paralela al gobierno, que adquirieron poder e influencia, tanto entre la población como entre los medios de propaganda. A nivel federal vimos el revuelo que causó poner un alto a estructuras como las estancias infantiles y el abasto de medicamentos, que, a pesar de ser riesgosas y deficientes, ahora se pretende hacernos creer que funcionaban a la perfección. Este es el costo político que los ayuntamientos, congresos locales y estructuras estatales no han querido absorber.
Por otra parte, el cambio de partido en las administraciones no implicó necesariamente un cambio en los sujetos que reciben los contratos, por lo que esta estructura paralela continuó al servicio de la oposición y en muchos lugares operó de forma activa contra los gobiernos y candidatos emanados de Morena.
Si bien el cambio estructural en las administraciones estatales y municipales es necesario, es deseable también que, por lo menos, haya un cambio operativo y sean perfiles de sujetos y empresas comprometidos con los valores que representan los gobiernos de izquierda quienes, eventualmente, faciliten la transición a un nuevo régimen.
¿Les alcanzarán las convicciones a los congresos locales para pagar el costo político?