La Comisión Inspectora del Congreso de Puebla inició una revisión al trabajo del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, ante las acusaciones que enfrenta de usar al organismo como garrote político al servicio del ex gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Moreno Valle Rosas. El órgano legislativo solicitó al funcionario copia de los dictámenes de las cuentas públicas emitidas después de los comicios del 1 de julio pasado, aprobados por la Legislatura anterior bajo el dominio del Morenovallismo.
Es claro lo que busca la mayoría parlamentaria afín al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: recabar las pruebas fehacientes de algo que ha sido evidente a lo largo de casi ocho años: el uso faccioso y como garrote político de la ASE en contra de alcaldes que se revelaron a obedecer al hoy senador panista y los premios que se dieron, a manera de dictamen, a los ediles que se le sometieron en todo.
Pero la revisión de la actuación de la Auditoría Superior del Estado y de su titular no debe culminar en la eventual destitución de Villanueva Lomelí sino en una reforma total para convertir al órgano en lo que debe ser, una institución verdaderamente fiscalizadora, sin tintes partidistas ni de grupo, del uso que se le da en los ayuntamientos e instituciones gubernamentales, al presupuesto público.
Es por eso que más allá de las consecuencias que este escrutinio pueda tener para el auditor, los legisladores están obligados a garantizar que la ASE velará de ahora en adelante por los intereses de los poblanos y de nadie más.