EI Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) pidió al gobierno de Claudia Rivera Vivanco realizar estudios de impacto urbano, ambiental, social y vial antes de autorizar una obra en la ciudad de Puebla, para frenar la instalación de desarrollos inmobiliarios como el de Lomas de San Juan I y II en la Reserva Ecológica del Cerro Amalucan (Reca).
Así lo dio a conocer a través de un comunicado que difundió desde su cuenta oficial de Twitter, donde el observatorio ciudadano calificó de “preocupante” las justificaciones del gobierno municipal para expedir las factibilidades sobre el proyecto inmobiliario en mención.
#Exhorto#AyuntamientoPuebla
Deficiencias para justificar proyectos inmobiliarios e incluso otros en el municipio de Puebla@MBarbosaMX@BetyManrique@RiveraVivanco_ @PueblaAyto pic.twitter.com/lKVXr17duz— IGAVIM ObsCiudadano (@IGAVIM) December 17, 2019
En la actualidad, informó que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y el Atlas de Riesgos Municipal aún contemplan indicadores y escenarios del año 2010, hace casi una década, y al no estar actualizados limita las condiciones urbanas e incrementan los impactos negativos acumulados.
Expuso que el desarrollo Lomas de San Juan, ubicado en el Bulevar Apulco número 279, en la colonia Amalucan, cuenta con el estudio de impacto ambiental que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT); sin embargo, fue el ayuntamiento de Puebla la que emitió los permisos y licencias de construcción sin efectuar los estudios previos.
Al respecto, el Igavim reveló que realizó una solicitud de información pública al gobierno de Claudia Rivera, pero el ayuntamiento se rehusó a entregar el estudio de carbono para determinar el oxígeno que genera un árbol y el monóxido de carbono que absorbe, dependiendo de la especie, tras el derribo de la zona arbórea en una superficie de 53 mil 208 metros cuadrados.
Lo anterior, de acuerdo al Trámite de Derribo y/o Poda que solicitó la inmobiliaria con número de notificación 0009/2019, ante la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio, para la tala de 100 árboles.
Evidenció que el gobierno de la capital dijo que tal información debía solicitarla a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado.
En el escrito también se reveló que la SMAOT respondió que para el proyecto en Amalucan se perderán 1.8 toneladas de carbono y que los 698 árboles de cedro blanco propuestos para la compensación están en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que está sujeta a protección especial.
En ese sentido, el Igavim señaló que la recuperación arbórea debe integrar y justificar los servicios ambientales, la capacidad de absorción en temporada de lluvia y su impacto urbano.
También denunció que el ayuntamiento de Puebla tampoco justificó el impacto social que incluye la identificación de riesgos y necesidades de la zona, así como las condiciones sociales positivas y negativas del desarrollo inmobiliario a cargo de la empresa Hogares Edén.
A esto sumó la inexistencia de un estudio de impacto vial del proyecto Lomas de San Juan, aunado a que el gobierno municipal argumentó que no tiene la obligación de valorar, analizar y justificar la factibilidad de uso de suelo y el derribo de árboles.
Esto a pesar, arguyó, que el ayuntamiento tiene la obligación de valorar, analizar y justificar cualquier proyecto dentro de su circunscripción territorial, independiente del análisis estatal.
A la lista de irregularidades, el Igavim agregó que la Comuna no informó donde se plantaron los mil árboles que la inmobiliaria entregó, pero que según fueron colocados en el cerro de Amalucan, la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan y San Miguel Espejo.
“Lamentablemente las respuestas del ayuntamiento no vincula técnica y legalmente los motivos y argumentos que tuvieron que ser dados a conocer a la ciudadanía para su inclusión”, señaló, luego de referir que fueron nueve preguntas las realizadas y no contestadas.
Finalmente, el Instituto concluyó que resulta contradictorio que la Comuna no realizará ni justificara el impacto social de la obra, la cual incluyera la identificación de riesgos y necesidades de la zona, así como las condiciones sociales positivas y negativas que el proyecto trae consigo.