De acuerdo con el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron 16 los gobiernos municipales del estado de Puebla que interpusieron por separado una controversia constitucional contra la privatización del agua en la entidad.
De los 16 recursos legales hasta el momento la Corte admitió 15 y sólo está por definir el caso del municipio de Tlacotepec.
Se trata de los municipios: Chiautla con número de recurso 90/2017; Izúcar de Matamoros (89); Tlacotepec (101); Altepexi (87); Zinacatepec (86); Tehuacán (85); Chilac (82); Tlaltenango (80); Zoquitlán (69); Ajalpan (67); Coxcatlán (66); Coronango (65); Juan C Bonilla (62);San Pedro Cholula (53); Soltepec (64), y Mazapiltepec (63).
Generalmente interpuesta por los alcaldes, síndicos y regidores, los gobiernos interpusieron la reforma a la Constitución Pública de Puebla, en lo referente a la fracción 6 del artículo 12, realizada mediante decreto aprobado por el Congreso local el pasado 27 de enero, mimas que violenta la autonomía municipal.
En entrevista, el abogado Gerardo López Ramírez expuso que la controversia constitucional lleva un procedimiento de estudio y análisis largo, “pero estamos confiados en que sí procederá para impedir la privatización del agua en el estado de Puebla”.
Al respecto, refirió que existen las condiciones y los argumentos legales suficientes para que se derogue la ley a favor de los municipios que exigen no les quiten la facultad de administrar el servicio.
Precisó que 16 municipios de Puebla presentaron escritos ante el Congreso local para notificar de su inconformidad de lo que han llamado “la venta del agua”.
Además del intento de la privatización del agua, señaló que el gobierno del estado en confabulación con el Congreso de Puebla vulnerando la autonomía de los municipios, como lo marca el artículo 115 constitucional.
Consideró que estas controversias van a tener una resolución favorable, pero dijo que de no ser así movimientos sociales como el de Izúcar de Matamoros están discutiendo una serie de acciones ciudadanas para confrontar legalmente la medida.
Gerardo López manifestó que diferentes movimientos ciudadanos y organizaciones sociales se está uniendo para dar la batalla contra la autoridad estatal.
Esto luego de señalar que existen tratados internacionales a los que está sujeto el Estado mexicano que garantizan que el agua es un derecho humano.
El defensor del movimiento de Izúcar de Matamoros dijo que el gobierno de Antonio Gali Fayad dice que no hay tal privatización del agua en el estado, entonces pidió que se integre a la Constitución de Puebla que el agua es un derecho humano y no puede privatizarse.
“Detrás de la reforma hay intereses fuertes de empresas privadas”, dijo, al señalar que en los últimos días se reveló que detrás de la concesión del agua en la ciudad de Puebla y cinco municipios conurbados está el Grupo Atlacomulco, una rancia corriente dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tuvo como principal líder y mentor a Carlos Hank González.