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Los diputados locales determinaron prohibir la utilización, facilitación, entrega o venta de bolsas plásticas, popotes, utensilios elaborados a base de polietileno y contenedores de poliestireno de un solo uso, para fines de envoltura, trasportación, carga y traslado de productos adquiridos o retirados dentro de cualquier establecimiento comercial en todo el estado y quien lo haga, podría ser sancionado hasta con 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, quedó prohibido a los establecimientos comerciales con giro alimenticio que distribuyan o proporcionen en alimentos bebibles, popotes a los consumidores
Sin embargo, la medida de su prohibición y sanción se postergó hasta “365 días después de la publicación” de las reformas y adiciones validadas.
Este martes, en sesión ordinaria, los diputados avalaron el dictamen a través del cual buscan que se disminuya y se prohíba gradualmente el uso desmedido de productos plásticos derivados de polietileno y poliestireno, comúnmente conocidos como unicel, bolsas de plástico y popotes, mismos que son entregados al consumidor en supermercados, restaurantes, centros comerciales, tiendas de autoservicio y demás comercios similares para traslado de los productos adquiridos.
Para ello, los legisladores avalaron que ahora la Ley de Ecología tenga como finalidad, entre otras, fomentar la transición paulatina al uso de materiales biodegradables, y con esto prohibir gradualmente la utilización de bolsas plásticas, envases, recipientes y popotes elaborados a base de polietileno y todos aquellos derivados del poliestireno, para fines de envoltura, transportación, carga, traslado o consumo de alimentos en cualquier establecimiento mercantil que preste servicios dentro del territorio del estado de Tlaxcala y sancionar a los establecimientos mercantiles que para prestar sus servicios en territorio tlaxcalteca hagan uso de éstos.
Tras un receso de más de una hora, en el que presuntamente dirimieron algunas diferencias que existían y dudas respecto al resolutivo, en especial, respecto a la temporalidad del inicio de la aplicación de las sanciones, los diputados también acordaron que será obligación de la Coordinación General de Ecología prevenir, controlar y abatir la contaminación por el uso de popote y bolsas de plástico, así como productos derivados del polietileno y poliestireno de uso único.
Además, esta dependencia, deberá verificar que las bolsas de plástico que se entreguen cumplan con los criterios y normas de producción y consumo sustentable de reducción, reciclaje y reutilización, de modo que garanticen la disminución de los impactos ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino de estos productos plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos naturales renovables y reciclables.
De igual forma, determinaron que la CGE tendrá a su cargo la implementación de un programa adecuado de sustitución y alternativas viables para reemplazar las bolsas plásticas, popotes, utensilios elaborados a base de polietileno y contenedores de poliestireno, por productos degradables o biodegradables.
Para ello, deberán informar al público de manera adecuada, así como llevar a cabo campañas de asistencia gratuita para capacitar a los compradores en general, sobre las posibles alternativas con las que podrán sustituir las bolsas de plástico no degradables o no biodegradables y realizar campañas de difusión y concientización hacia la población sobre las ventajas que tendrá para su salud y el medio ambiente en general, el uso racional de material degradable o biodegradable
También tendrá que promover el otorgamiento de estímulos e incentivos a quienes realicen acciones tendientes a la sustitución y aportación de alternativas viables para reemplazar las bolsas de plástico por bolsas degradables o biodegradables con el fin de procurar la protección, aprovechamiento sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Para garantizar el cumplimiento de la norma y esta nueva prohibición, los legisladores determinaron establecer que serán sancionados por el monto
equivalente de cinco a 100 veces el valor de la UMA vigente a quien incurra en la venta o facilitación de bolsas plásticas, popotes, utensilios elaborados a base de polietileno y contenedores de poliestireno, en establecimientos de comida rápida, restaurantes, farmacias, mercados y demás comercios similares para envoltura, trasportación, carga, traslado o consumo de sus productos o alimentos.
Mientras que a las tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas de autoservicio y establecimientos similares que incurran en estas conductas serán aplicadas penas de 201 a 500 UMA y 5 mil veces el valor de la UMA quienes reincidan en más de dos ocasiones en este tipo de omisiones.
Sin embargo, en el proceso de validación del dictamen, la diputada del PVEM, Maribel León Cruz propuso al pleno del Congreso local una serie de adecuaciones a los artículos transitorios a fin de clarificar los plazos para entrada en vigor de las sanciones y algunas estrategias para difundir la norma.
La legisladora advirtió que debería ampliarse el periodo de entrada en vigor de la prohibición en virtud de que muchas personas podrían resultar afectadas, como los comerciantes y vendedores de productos comestibles, debido a que con antelación ya habían adquirido vasos, cucharas, platos de unicel y ello les generará pérdidas económicas y “por la premura, podrían generarse amparos a esta norma”.
En contra parte, el diputado Miguel Covarrubias se mostró a favor de ampliar el periodo de entrada en vigor de las enmiendas, pero no de establecer nuevas estrategias de difusión y atención de las enmiendas, porque “sería invadir esferas de competencia del Ejecutivo”.
Ambas propuestas fueron sometidas a votación, que derivó en un empate con 11 sufragios por propuestas, de ahí que la presienta de la mesa directiva, Mayra Vázquez Velázquez, ejerció la obligación de emitir el voto de calidad, inclinando la balanza a favor solo de ampliar el periodo de entrada en vigor de las multas a un año, por lo que será a partir de marzo de 2020 cuando se apliquen dichas penas.