De la ilegalidad al no me acuerdo, o como reza el refrán popular, hágase su voluntad, pero en los bueyes de mi vecino, así es como podríamos definir el devenir que ha tenido en ejercicio de la función pública en Tlaxcala.
Contrario al principio legal que establece que las autoridades están obligadas a realizar lo que la ley les ordena, en la entidad pululan los ejemplos de que nuestros funcionarios, de los cuatro niveles, actúan siempre a su conveniencia y sus intereses, sin importar que para ello violen disposiciones legales y constitucionales.
La semana pasada dimos cuenta de diversas omisiones y acciones llenas de ilegalidad de nuestras autoridades estatales y legislativas.
El gobernador dejó de presentar su último informe de gobierno como le ordena la nueva disposición constitucional aprobada por los diputados y sancionada y publicada por orden del mandatario.
Argumentos como aquél de que esa nueva disposición no puede aplicársele al actual gobierno porque él fue electo con otra Constitución, son risibles y más cuando la administración estatal y los diputados quieren aprobar cuentas públicas, entre ellas las del gobernador, de los primeros nueve meses de su último año de gobierno, pues esa enmienda constitucional tampoco existía al momento en el que fue electo ni cuando tomó posesión del cargo.
Actos y acciones teñidos de ilegalidad atentan contra confianza ciudadana
Los diputados también hicieron de las suyas en la ilegalidad. Reformaron la Ley de Fiscalización Superior para justificar el retraso en su labor de revisión y así dictaminar las cuentas de 2015 hasta el mes de octubre. Sin que esta fuera publicada y entrara en vigor, los legisladores ya le dieron vigencia al dejar pendientes de validar por lo menos 22 estados financieros, a pesar de que es contraria a la Constitución Política local.
Como ocurre siempre con nuestros representantes populares, todos se justifican de esas violaciones y acciones contrarias a la legalidad, reparten culpas y acusan a los demás de generar estas condiciones, pero ninguno de ellos asume la responsabilidad que les corresponde en estos casos, situaciones que generan descrédito social en la, hasta hace no mucho, noble función pública de gobernar.