El gobierno del estado ha presionado a las empresas para que no emprendan acciones legales en su contra por la clausura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del parque de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde inicios de mayo pasado, por incumplir con la obligación de contar con el permiso de descarga.
Además, el gobierno los presiona para que tramiten la NOM–001–1996 a fin de que puedan hacer las descargas de sus aguas residuales de manera directa al río, a efecto de que la autoridad evite el proceso porque no quiere reparar la PTAR del parque de CIX I. Esto implica que los industriales tengan que construir colectores de 2 kilómetros de longitud con una inversión considerable.
Asimismo, en reuniones con los representantes de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AET) y la gerencia del parque de CIX I, los directivos de las plantas que fueron clausuradas por la Profepa por no atender la legislación han sido presionados para que tampoco hablen con lo prensa sobre este problema que ya lleva 45 días.
Y es que la norma de parques industriales indica que deben tener sus permisos de descarga, algo que incumple CIX I y por el que una empresa ya advirtió que va a proceder legalmente en contra de la autoridad estatal.
Lo anterior lo reveló un empresario que se acercó a este medio para dar a conocer la situación que prevalece en algunas empresas asentadas en el parque de CIX I a raíz de que la Profepa clausuró de manera total temporal la PTAR por no contar con el permiso de descarga de aguas residuales.
Cabe señalar que dicha autorización la otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual permite descargar en forma permanente o intermitente al afluente del río Atoyac–Zahuapan, que es el cuerpo receptor de dicha descarga.
Además, la dependencia federal clausuró las empresas Sponge Technology Corporation, Fibras para el Aseo, Morphoplast y Metalúrgica Artesanal, también por no cumplir con la legislación en materia ambiental en la primera quincena de junio.
Sobre esta situación, el directivo de una de las empresas afectadas, quien pidió la gracia del anonimato, dio a conocer a La Jornada de Oriente que desde hace aproximadamente tres años el Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), la AET y el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (Csitaret), este último responsable de la planta de tratamiento de agua, empezaron a presionar a los empresarios para que cada uno se hiciera responsable de sus tratamientos, los obligaron a construir plantas de tratamiento de agua, lo que hicieron.
Sin embargo, expuso que existen tres normatividades para el tratamiento de agua: la NOM–002–Semarnat–1996 que permite cumplir con parámetros para descargar al colector de drenaje para que la PTAR del parque las procese y las ponga en NOM–001–1996, pues esta norma ya permite la descarga a ríos y aguas nacionales. También está la NOM–003–Semarnat, la cual permite la reutilización del agua en riego y uso en baños.
A pesar de que las empresas invirtieron en sus plantas, ahora el gobierno del estado pretende que las empresas descarguen directamente al río y que cumplan con la NOM–001–1996 y para ello deben tramitar sus permisos de descarga de agua.
“Hemos visitado a la Conagua y a la Comisión General de Ecología (CGE) y se niegan a otorgarnos los permisos porque dicen que tendríamos que hacer un drenaje para descargar directo al río. Mientras descarguemos en el colector de CIX I no pueden otorgarnos los permisos”, refirió.
Empero, señaló que la distancia de la planta a la barranca del río es de 2 kilómetros, por lo que la inversión para la obra sería cuantiosa y además cuestionó si es correcto que cada empresa rasque y ponga su drenaje hasta el río como quiere el gobierno.
“Es algo que saldrá caro y tendremos que atravesar todo CIX porque tres de las cuatro empresas afectadas están a la misma distancia”.
El empresario entregó copia a este medio en la que Profepa contesta que legalmente no se puede mantener la planta cerrada por no tener permiso de descarga, mientras que la gerencia de Fidecix exige el permiso de descarga y al día siguiente se retractó de ello.
El denunciante también exhibió la norma de parques industriales donde se indica que un parque industrial debe tener sus permisos de descarga, lo cual incumple CIX I y por ello la empresa va a proceder legalmente.
“Como se puede ver, el gobierno no quiere ya reparar la planta y nos quiere presionar para que hagamos las descargas directo al afluente y ellos eviten el tratamiento de aguas y la inversión en el drenaje del parque que ya se encuentra colapsado”, observó.
Agregó que en las reuniones ha notado que los representantes de la AET y la gerencia del parque los presionan para que tramiten los permisos, que no emprendan acciones legales y que no hablen con la prensa. Incluso, una empresa ha sido la más rebelde en las reuniones.
“Tampoco el responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) ha tenido comunicación con ningún empresario ni ha dado la cara, en su oficina nos dicen que no tiene tiempo de recibirnos. Nada que ver con la forma de trabajar de la Lic. Adriana Moreno”.
Mencionó que existe disponibilidad de los empresarios de invertir en el drenaje, en el arreglo de la planta de tratamiento, pero con una inversión compartida. Una de las propuestas de los empresarios es retomar el manejo de la planta de tratamiento a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de CIX (CAPACIX), que es como se hace en otros parques, “pero como el manejo de esta comisión es poco transparente, no quieren hacerse responsables”.
Vale citar que la semana pasada el titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez dio a conocer que la clausura a cuatro empresas y a la PTAR por parte de la Profepa en las últimas semanas es resultado de la atención a la recomendación 10/2017 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la nueva reclasificación para el tratamiento de aguas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El gobierno estatal quiere firmar un convenio macro
Además, el funcionario enfatizó que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez está decidido a firmar un convenio macro con las autoridades ambientales federales en el que existan responsables, compromisos, acciones, presupuestos y metas, por lo que aquellos que no cumplan y no tengan voluntad política y administrativa de atender sus obligaciones, tendrán las sanciones correspondientes.
En marzo pasado, la CNDH dirigió la recomendación 10/2017 tanto al gobernador de Tlaxcala como al de Puebla, Antonio Gali Fayad y a alcaldes de ese estado, así como a tres ediles de municipios tlaxcaltecas: Natívitas, Ixtacuixtla y Tepetitla, además a los titulares de la Semarnat, Conagua, Profepa y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “por ser omisos” en la problemática de contaminación del río Atoyac, que afecta a la población que habita en las inmediaciones de este afluente.