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El presidente del Frente Democrático Estatal Campesina (FDEC), Ascensión Licona Bailón denunció que en diversos municipios, las autoridades están aumentando el cobro por el servicio de agua potable o no están ejecutando obra pública, lo que afecta a las familias de escasos recursos.
Uno de estos casos es en el municipio de Nopalucan, donde, de acuerdo con el líder social, pese a las condiciones económicas difíciles por las que atraviesa la mayor parte de la población, las autoridades determinaron de manera unilateral incrementar de 20 a 50 pesos el suministro de agua potable.
“Los presidentes municipales sin consultar al pueblo, están subiendo el agua potable. Si estamos pasando una situación drástica, una situación de economía difícil, no es posible que la junta de cabildo, pasando por encima del pueblo, incremente el costo (de suministro de) agua”, denunció.
De acuerdo con el dirigente de la FDEC, quien asegura que su organización agrupa a alrededor de 7 mil personas en los 60 municipios de la entidad, esta situación contraviene lo dispuesto en la Constitución mexicana respecto a que el agua “es para el pueblo, no es para cobrar el servicio”.
Advirtió que si las autoridades que han incurrido en este tipo de situaciones no se retractan llevarán a cabo una serie de movilizaciones de presión. “Tenemos la capacidad para decir aquí estamos, si no nos queda más buscaremos una lucha de presión, pero no queremos eso para no causar problemas a terceros”.
Por otro lado, Licona Bailón criticó a los políticos y autoridades que presuntamente apoyan a la población con alguna discapacidad con la donación de algunos artefactos, pero al final terminan cobrando un porcentaje o el total del costo de la ayuda.
“No quisiera decir nombres, una persona que tiene solvencia nos ofreció una silla de ruedas, pero nos la cobraba. No quiero decir nombres para no tener problemas, pero llevamos a una persona y en (la delegación de) la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos dijeron que le iban a dar esa silla, cuando legalmente le cobraban 900 pesos para dársela”, denunció, pero no precisó la fecha en que se presentó este hecho.
Ante ello, manifestó su intención de platicar con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez o con el secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, “pues hay dinero para dar apoyo a gente que no puede andar o que no puede ver” pero no se utiliza para ese fin, dejó entrever.