, ante desastre que hay en la revisión de estos permisos.){kind=link}
Sorpresivamente el pasado 30 de septiembre la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP emitió en acuerdo por el cual, por primera vez en muchos años, se ordenó la suspensión temporal de la ventanilla única de solicitud de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, mejor conocidos como Revoes. Oficialmente se argumentó que esta medida fue motivada porque llegó a su fin el sexenio. Sin embargo, la realidad es que es una salida de emergencia para intentar en los próximos tres meses revertir el enorme desorden que existe en esta área, que tiene enfrentados a varios rectores de universidades con la titular del ramo, Patricia Vázquez del Mercado Herrera.
La primera consecuencia de la negligencia de la SEP al cerrar la posibilidad de tramitar o modificar Revoes, es que la mayoría de las universidades que tienen la carrera de Derecho no han podido arrancar sus planes de estudios en torno al nuevo sistema de justicia penal en Puebla, por no contar con las autorizaciones correspondientes.
Entre los funcionarios de la SEP se comenta que esta medida tiene un objetivo de tipo político y de ambición personal. Patricia Vázquez no se siente del todo descartada para repetir como titular de la Secretaría de Educación Pública –u ocupar otro cargo– en el próximo gobierno de Antonio Gali Fayad, y por eso mandó a arreglar el desastre que se tiene en la revisión y autorización de Revoes para evitar que el conflicto le estalle cuando se acaben de tomar las decisiones de quiénes van a integrar el siguiente gabinete.
Cálculos conservadores indican que son alrededor de 700 expedientes, presentados por unas 100 instituciones de educación superior, que están rezagados en su revisión y por ese motivo las universidades involucradas se han visto frenadas en la aplicaciones de nuevos planes de estudios o en la apertura de nuevas carreras.
Algunos conocedores del problema indica que son más de mil 200 asuntos atorados desde hace varios meses.
Todo este problema se originó por dos motivos fundamentales:
El primero fue la soberbia de Patricia Vázquez del Mercado Herrera, quien se negó a recibir sistemáticamente a los rectores de universidades para escuchar sus quejas de que no caminaba la revisión y aprobación de solicitudes de Revoes.
Algunos de los afectados recurrieron a Antonio Gali Fayad, desde que era alcalde de la ciudad de Puebla, para buscar que la titular de la SEP aceptara dialogar. El ahora gobernador electo aceptó pedirle a la secretaria de Educación que atendiera dichas peticiones, a lo cual esta mujer fingía ponerle interés a dicha solicitud, pero al final no resolvía nada.
El segundo problema es la mala relación que existe entre Patricia Vázquez del Mercado Herrera y María del Carmen Salvatori Bronca, quien es la subsecretaría de Educación Superior y es bloqueada en la Secretaría de Educación por ser parte del grupo político de Luis Maldonado Venegas, el primer secretario de Educación del sexenio.
Como parte de esas diferencias entre la secretaria y la subsecretaria, se le aplicaron varias auditorias al área de Salvatori Bronca, quien en meses anteriores estuvo más preocupada en evitar procedimientos administrativos o un despido, que en cumplir con su labor.
Y como parte de las políticas de austeridad extrema que se han aplicado en el gobierno para bajar los costos de operación y al mismo tiempo el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas pueda gastar mucho en sus proyectos políticos personales, en la Subsecretaría de Educación Superior se tenía la flamante cifra de solamente dos personas, si dos personas, para leer, analizar, dictaminar y pasar a firmas las docenas de solicitudes de Revoes, sin importar que cada petición abarca varios tomos por sus extensos contenidos.
Ahora que ya le llegó el agua a los aparejos a la secretaria de la SEP ya se cuenta con 20 personas atentas a los asuntos de los Revoes.
Es cierto que en muchos casos las solicitudes de nuevos Revoes o la modificación de permisos ya existentes se han retrasados porque se les encontraron errores, inconsistencias o la mala aplicación de cálculos matemáticos. Sin embargo esos problemas se podían resolver en cuestión de algunos días, pero eso no pasó porque en la SEP no había voluntad de atender a las universidades.
Una carta insulsa de la Fiscalía General del Estado
Martín Hernández Alcántara
Jefe de Información de La Jornada de Oriente
Con fundamento en lo establecido por la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica; solicito la rectificación de lo publicado en la nota titulada “Fiscalía manipula el cambio de defensores para beneficiar a delincuentes”, para lo cual, le hago las siguientes precisiones:
De acuerdo con el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, así como el respeto irrestricto al derecho del imputado. Además, el Juez de Control tiene la obligación de velar por la defensa adecuada y técnica del imputado.
Los casos en los que se remueven a los defensores particulares, obedecen a que el Juez de Control en Audiencia Pública advierte el desconocimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio por parte de la defensa, ordenando que un Defensor Público colabore con su defensa, a fin de respetar el derecho a una defensa adecuada y técnica.
El personal de la Fiscalía observa y respeta el derecho a una defensa adecuada del imputado; en caso de que el imputado no cuente con defensor particular o se niegue a nombrar a uno, la Fiscalía debe velar por que se encuentre asistido desde el momento de su detención y a lo largo del procedimiento, por lo que designa a un defensor público.
Por otra parte, es importante señalar que en el año 2014, Gustavo Luis Huerta Yedra, fiscal de Investigación Regional, fue evaluado de acuerdo a los lineamientos del Centro de Control de Confianza de la Procuraduría General de la Republica, resultando Apto; en el presente año fue certificado nuevamente, resultando apto para desempeñar el cargo que actualmente ostenta.
Agradezco que con base en la Ley de Imprenta, publique de forma íntegra los comentarios aquí vertidos, en el mismo espacio que se utilizó para abordar el tema.
Mtra. Ma. Cristina Ortiz López
Enlace de Comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Respuesta
Resulta sorprendente la carta que envía la Fiscalía General del Estado (FGE) la cual es insulsa, carente de toda argumentación. Ese vacío de contenido es un indicativo de que no se tiene elementos de defensa para lo que es un secreto a gritos entre litigantes, miembros de los juzgados y de las instancias de procuración de justicia, de que existe un contubernio para cambiar a los defensores de acuerdo a los intereses económicos de algunos funcionarios de la FGE.
Y que el nuevo sistema de justicia penal ha resultado ser un fiasco, puesto que no combate las prácticas viciadas que tenía el anterior modelo y por el contrario ha resultado más complicado, burocrático y corrompido, situación por la cual cientos de carpetas de investigación están sin ser tocadas y por ende miles de delitos quedarán impunes.
Sobre Gustavo Huerta Yedra ojalá que se aclarara por qué se recurrió a un funcionario del norte del país, que no tiene antecedentes claros de combate a la corrupción, para que se hiciera en cargo en Puebla de áreas neurálgicas, primero de la extinta Procuraduría General de Justicia, luego de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal y ahora de la FGE. Por cierto, en su momento hubo informaciones periodísticas que apuntaban a que había obtenido la calificación mínima en los exámenes de control de confianza, información que no se desmintió.
Atentamente
Fermín Alejandro García