A siete años de lucha, el Juez Noveno de Distrito en el Décimo Octavo Circuito otorgó la suspensión de manera temporal la operación del gasoducto Morelos a favor del ejido de Amilcingo, que protege al resto de las 80 comunidades afectadas por el proyecto en los estados de Puebla y Tlaxcala.
El amparo fue impulsado por el activista Samir Flores Soberanes, asesinado solo cinco días antes de la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para poner en operaciones el proyecto de energía que abastecerá al centro del país.
El expediente número 642/2019 determina que al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto tampoco podrá operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.
La suspensión durará en lo que se resuelva de fondo el juicio de amparo respectivo, a lo que seguramente se sumarán los recursos que impulsen las más de 80 comunidades afectadas por el trazo del Proyecto Integral Morelos (PIM).
El pasado 13 de abril de 2014, ingresó a la comunidad de Amilcingo material de construcción para iniciar la instalación forzada de la tubería del gasoducto.
Ese día, el Ejército Mexicano y las policías federales y estatales contuvieron la protesta de los campesinos que dejó un saldo de cinco ejidatarios heridos por arma de fuego.
Desde el año 2012 que inició la lucha social contra el Proyecto Integral Morelos, se interpusieron diez amparos promovidos por 11 comunidades indígenas que reclamaron la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos, a pesar de la Recomendación 003/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo nacional documentó la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y la falta de seguridad del gasoducto que cerca la base del volcán Popocatépetl.
Con motivo del primer aniversario de su victoria electoral, López Obrador informó que el resultado de la consulta sobre el gasoducto fue utilizar la obra, para no perder la inversión de 20 mil millones de pesos.
Sin embargo, el presidente de México dijo que está pendiente por resolver los amparos promovidos por las comunidades, y no actuará hasta que se hayan concluidos para no atropellar los derechos de nadie.
En 2014, los comisariados ejidales que se opusieron al proyecto fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados, como fue el caso de Enedina Rosas, en Atlixco, presa 11 meses; y los comisariados de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años.