El Sexto Juzgado de Distrito ordenó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) entregar el Título de Concesión y anexos que privatiza el servicio del agua en Puebla y 25 municipios a la empresa Concesiones Integrales.
Se trata de la segunda acción legal que gana un grupo de ciudadanos para que se haga público el contrato que se firmó entre la empresa, el Soapap, el gobierno del estado y el Cabildo de Puebla.
Esta ocasión el amparo fue promovido por el Colectivo Hermanos Serdán, a través del número de expediente 1160/2018.
En rueda de prensa, el promovente Carlos Armando Popoca Bermúdez informó que este 9 de febrero se vence el plazo para que el Soapap entregue el Título de Concesión de manera completa, por lo que están a la espera de que la información.
Acusó que el documento se encuentra reservado por parte del el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip), a pesar que con ello se violentan los derechos de la ciudadanía.
Por lo tanto, dijo que el conocimiento del contrato ayudará a tener un control social de los involucrados en el servicio público.
Gerardo Pérez Muñoz, uno de los integrantes del colectivo, informó que solicitaron al gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido y al Congreso del estado, que se reestructure el Itaip por ocultar información pública a los poblanos.
Precisó que en diciembre pasado entregó un escrito al presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, donde solicitan la entrega del Título de Concesión, pero es la fecha que no ha dado respuesta.
Incluso, refirió que los diputados locales ni siquiera responden a legislar por la reducción de las tarifas del servicio del agua.
“Los diputados están enfocados en elegir su candidato a la gubernatura y se olvidan de las necesidades de la gente”, reclamó.
Asimismo, señaló que el ayuntamiento de Puebla tampoco ha hecho nada para revertir la privatización del agua y buscar la remunicipalización del servicio.
El activista recalcó que el Título de Concesión debe ser entregado por el Soapap porque “la resolución del amparo se emitió desde el pasado 25 de enero y tienen 15 días para que se conozca el documento.
No obstante, sostuvo que hasta ahora el Congreso del estado ni el Cabildo de Puebla han pedido el contrato del agua.
Pérez Muñoz expuso que la privatización del agua se aplicó en 25 municipios del centro de Puebla, en algunas comunidades con población indígena que no fue consultada como la Ley lo marca.
Esta situación –repudió- violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues no hay justificación para que los poderes Ejecutivo y Legislativo reestructuren la Comisión Estatal del Agua, porque tanto el Instituto de Transparencia como el Soapap han ocultado la información.
En 2012, en Puebla inició el proceso de privatización del servicio público de agua potable y alcantarillado con la publicación de la Ley de Agua. Posteriormente, siguieron las reformas del 13 de septiembre de 2013 por el Congreso del estado y la aprobación del acta de Cabildo que se entregó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.
Al final, hizo un llamado a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para que impulse una iniciativa al Congreso local, a fin de restructurar el decreto que crea al Soapap, el cual no puede ser presidido por el gobernador en turno sino por el gobierno municipal.