Los centros penitenciarios de San Miguel, en la capital poblana, así como el del municipio de Tehuacán, al sur del estado, se encuentran gobernados por los propios internos, señaló el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, que anoche difundió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Otro informe, realizado por separado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla, calificó la situación de los 19 penales poblanos como “preocupante”, ante la insuficiencia de espacio en las celdas, deficiencias de operación, falta de presupuesto y hacinamiento en dormitorios y áreas comunes, lo que representa un riego latente para la población carcelaria.
En el informe de la CNDH, Puebla obtuvo una calificación global de 6.47 puntos de 10 posibles en la evaluación de gobernabilidad; pero en particular el penal de San Miguel reprobó con 5.84 puntos, mientras que el de Tehuacán obtuvo una calificación aun menor de 5.07 puntos. El centro de readaptación social mejor evaluado fue el de Tepexi de Rodríguez, que salvó la calificación global de la entidad al obtener una aprobación de 8.5 puntos.
El penal de Tehuacán es el peor de todos. Está reprobado, con cinco puntos en los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, en estancia digna, en condiciones de gobernabilidad, en reinserción social y en los requerimientos específicos de los grupos de internos.
Tanto en este penal como en el de Puebla la gobernabilidad está a cargo de los reos. La CNDH señala que existen deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos.
“Existe control por parte de los internos en seguridad, actividades productivas, educativas y deportivas; servicio de alimentación, limpieza y mantenimiento”, destaca el informe. Se permite la existencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población”, destaca el informe.
La CNDH también detectó la presencia de cobros por parte de los custodios por asignación de estancia y plancha para dormir, mantenimiento de los dormitorios, alimentos, servicio médico y visitas; de igual forma, existen cobros por parte de los internos para protección, asignación de estancia y plancha para dormir, mantenimiento de los dormitorios, alimentos, por uso de teléfono, acceso a actividades laborales, educativas y deportivas y hasta para no realizar labores de limpieza.
Asimismo, el organismo nacional expuso que en Puebla y Tehuacán no hay un manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima, revisión de visitantes y de estancias, así como deficiencias en la difusión de la normatividad a los internos.
Existe insuficiencia del personal de seguridad y custodia, de personal femenino, así como para cubrir las ausencias, vacaciones e incapacidades. Abundan las deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias, ya que subraya que no se respeta el derecho de audiencia, aplicación de sanciones no previstas en el reglamento, falta de motivación y fundamentación de las resoluciones que imponen la sanción; no existen notificaciones por escrito, los internos son ubicados en el área de sancionados antes de la sentencia, no existe certificación médica de los internos sancionados; las sanciones establecen la suspensión de la visita familiar, íntima y comunicación telefónica; el trato es indigno durante la sanción y no se integra al expediente técnico y de aviso por parte del área de trabajo social a los familiares del interno que se encuentra sancionado.
El penal de Puebla tiene una capacidad para alojar a 2 mil 205 internos, pero su población era de 3 mil 177 personas al momento que los visitadores de la CNDH se presentaron. En el de Tehuacán la capacidad es para 445 internos, pero cuando sucedió la visita del organismo ésta fue de 775.