Tal como se advirtió en su momento, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan y el asesinato del niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo resultó ser aberrante, decepcionante, ya que es un documento que saca conclusiones políticamente correctas y da paso absoluto a la impunidad, pues busca que se repartan culpas entre chivos expiatorios y se abstiene de señalar a los directamente responsables de los abusos: el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas.
El ombudsman Raúl Plascencia Villanueva buscó emitir conclusiones que le den respiración artificial en sus esfuerzos por ser reelegido el próximo mes como presidente de la CNDH, ya que con esta investigación le hizo guiños a los senadores del PRI y la izquierda al dañar la imagen del principal aspirante a ser candidato presidencial del PAN, es decir Moreno Valle.
Pero al mismo tiempo le quiso vender a los panistas una posición favorable que permite trazar una ruta alterna para que las responsabilidades jurídicas sobre la represión contra Chalchihuapan recaigan en los ineficientes Facundo Rosas y Víctor Carrancá, quienes son los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia, respectivamente, y quede a salvo Rafael Moreno Valle y se le dé espacio para recuperarse de la severa crisis de confianza, popularidad y credibilidad por la que atraviesa.
No se percibe en la actuación de la CNDH una intención de que se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue a quienes tomaron las decisiones de reprimir a los pobladores de Chalchihuapan y mintieron todo el tiempo, de manera deliberada, sobre las causas que provocaron la muerte de un niño campesino, que otro poblador perdiera un ojo y que un tercer vecino quedara mudo por un artefacto que le destruyó las cuerdas bucales.
La investigación que desarrolló la CNDH es impecable, es exhaustiva, es un documento histórico ya que nunca en Puebla se había puesto tanta atención a un caso de violación flagrante a los derechos humanos de una comunidad campesina. Sin embargo, el problema es que no busca que se procese a los principales responsables de los hechos del pasado 9 de julio.
Resulta absurdo que la CNDH le exija a Moreno Valle crear una fiscalía especial para investigar el homicidio del niño Tehuatlie Tamayo, la cual va a ser una instancia que dependerá del propio titular del Poder Ejecutivo y por ende dicho órgano va a actuar tal como lo decida el propio gobernador.
Lo que procedía es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le exigiera a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar directamente a Rafael Moreno Valle Rosas, junto con Luis Maldonado.
Se tenía que pedir a la PGR que deslindara responsabilidades en el tema de la muerte de Luis Alberto Tehuatlie, en el asunto de los heridos que quedaron lisiados por la represión; en el encarcelamiento de 4 vecinos de Chalchihuapan, a quienes injustificadamente se le acusó de homicidio y al final quedaron libres de culpas; en los abusos que cometieron los granaderos y en la negativa de atender a los heridos de los hechos violentos.
La investigación de la CNDH es contundente al evidenciar que el gobierno morenovallista ha mentido todo el tiempo, ya que nunca se dialogó con los manifestantes que salieron a cerrar la autopista Puebla–Atlixco; que se usaron el doble de bombas de gas a las reportadas por la policía; que nunca existieron evidencias de que el niño Tehuatlie Tamayo fuera herido por un cohetón, tal como de manera inverosímil decía Víctor Carrancá; que los violentos fueron los granaderos, no los pobladores.
Tal situación plantea que el Poder Ejecutivo utilizó sus instituciones para mentir o ocultar la verdad sobre un homicidio.
A eso, aquí o en la Patagonia, se le llama crimen de Estado.
Por si fuera poco, se exhibe que Rafael Moreno Valle ha solapado a Facundo Rosas, un funcionario con negros antecedentes en el gobierno federal y que apareció en la represión contra normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Al mismo tiempo quedó claro que había una actitud de reprimir a como diera lugar a los manifestantes, como parte del rencor que mueve al gobernador a perseguir a todos aquellos que critican o disienten con su administración.
La CNDH se supone que sabe como funciona un gobierno estatal, en donde las instituciones, los cuerpos policiacos y las campañas mediáticas oficiales no actúan dentro de un conflicto político si no hay una orden del más alto nivel.
En este caso, las órdenes en el caso Chalchihuapan solamente pudieron salir de la oficina de Moreno Valle o de Luis Maldonado.
Y por eso resulta absurdo que ambos personajes no aparezcan en la primera línea de los responsables de la operación institucional que se montó para aplastar a la población del pequeño pueblo de Chalchihuapan.
Que se le pida a Moreno Valle que pida una disculpa pública, por medio de un subordinado, es una ofensa, una burla al sentido común de parte de Plascencia, con lo que busca venderle al gobernador “una ayuda” para que salga de los aprietos en que lo metió la barbarie que se vivió hace un par de meses.
Cuando conocemos este tipo de casos entendemos por qué el principal problema de México en el pasado, en el presente y en el futuro, es la impunidad.