Ejidatarios de Bellavista de Victoria, en el municipio de Palmar de Bravo, interpondrán un amparo en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que se declaró incompetente para clausurar un basurero de residuos tóxicos a cielo abierto, donde se han detectado al menos 29 químicos que ponen en riesgo la vida de los pobladores.
La información fue dada a conocer por el abogado Arturo Mendoza González, responsable de la defensa legal de los campesinos.
En entrevista, informó que este lunes por la tarde la Profepa notificó a los ejidatarios que se declara incompetente para cerrar el tiradero clandestino que se ubica en la localidad y que ha contaminado a unos 20 pozos de agua de riego.
En su lugar, la dependencia federal se deslindó del daño ecológico en Bellavista y turnó la solución del caso al gobierno municipal de Palmar de Bravo, así como a la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del estado (SDROT).
El declarante sostuvo que con este deslinde la Profepa busca “blindarse” de cualquier situación legal, al mismo tiempo –señaló- tampoco descarta que se trate de una práctica dilatoria a favor de la empresa Ingeniería Especializada y Combustible Alterno SA de CV (IECA), la cual es responsable del tiradero.
“Profepa y Semarnat están protegiendo a la empresa y se niegan a tomar medidas en su contra a pesar del recurso promovido por los ejidatarios por el daño ambiental en sus tierras”, acusó.
El litigante explicó que hace unos días la Profepa envió personal para efectuar una inspección en el basurero, la cual solamente se realizó de manera ocular y sin efectuar ningún procedimiento técnico ni científico.
Esto significa, refirió, que sin un argumento sólido la dependencia dictaminó que en el tiradero a cielo abierto no existen residuos sólidos urbanos que pongan en riesgo a los habitantes de la comunidad.
Con ello, sostuvo, la autoridad está violentando el punto 14 de la Norma Oficial Mexicana número 83 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Dicha norma, refirió, determina las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
En ese sentido, el abogado Arturo Mendoza González advirtió que interpondrá un amparo y un recurso administrativo en contra de la Procuraduría, con el fin de que se haga responsable por omisión del daño ecológico en Bellavista.
Por otro lado, informó que hasta el momento no existe un acercamiento entre los ejidatarios y el gobierno municipal de Palmar de Bravo; sin embargo, dijo que el alcalde tiene conocimiento de la situación, pues cuentan con el respaldo del presidente auxiliar de Bellavista, Rubén Ramírez.
“El presidente auxiliar ya presentó documentación al ayuntamiento, pero por omisos tampoco ha dado respuesta al caso”, manifestó.
Actualmente, el basurero a cielo abierto se encuentra instalado en un predio de 6.5 hectáreas, a unos pasos de tierras donde se cultivan hortalizas.
Sobre el caso, el alcalde de Bellavista, Rubén Ramírez, reveló que bajo engaños a la población la autoridad federal y estatal dijo que en el lugar instalarían una recicladora y que incluso esta generaría empleos para la comunidad.
En su lugar, mencionó que la empresa IECA, propiedad del tlaxcalteca Mariano Bernabé Camilo Pérez, no es más que un tiradero a cielo abierto que desecha tóxicos, a pesar que se encuentra a menos de 100 metros de distancia de las primeras casas de la junta auxiliar.
Concluyó que han detectado el incremento de padecimientos de cáncer entre lugareños de Bellavista, por lo que temen que estos desechos agrotóxicos estén causando daños en la salud a la población.