Más de 100 presos políticos del régimen encabezado por el panista Rafael Moreno Valle han erogado en su conjunto 6.2 millones de pesos para obtener su libertad, porque las fianzas que se les impusieron fueron desorbitadas, señaló la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo.
La legisladora cholulteca participó ayer al mediodía en el foro Justicia Social en México, que se realizó en el campus de la Universidad Iberoamericana Puebla, en donde denunció que los policías que asesinaron al niño de Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlie, continúan impunes
“¿Cómo puede haber justicia social cuando los delincuentes son de altas esferas del poder?”, cuestionó la también dirigente de la organización nacional Los de Abajo ante estudiantes de Ciencias Políticas y Derecho, quienes abarrotaron el salón donde se realizó el acto.
Luna Porquillo comentó que la justicia social en el país no existe, y destacó que eso es tangible cuando se observa “que existen más de 21.4 de niños sin alimentos, cuando vives en el estado que ocupa el primer lugar en desigualdad, o bien cuando te percatas de que de 2010 a la fecha la tasa de pobres en el estado pasó de 3.6 a 3.8 millones de personas”.
“La justicia en México y Puebla pareciera ser inadmisible, ya que cuando ésta se exige, la respuesta del estado es incriminar a los defensores sociales en delitos como el secuestro, el despojo o motín; ese es el castigo para quienes exigen justicia”, señaló.
Al respecto, el escritor Edson Lechuga Aparicio cuestionó: “Cómo se puede hablar de justicia social cuando existe tanta desigualdad, cuando existen monopolios petroleros, televisivos y cuando se criminaliza la protesta. La única forma de cambiar a México es combatiendo la corrupción y movilizando a la sociedad; hoy en nuestro país solo existen dos clases sociales: los políticos y los que estamos fuera de la política; la clase política está podrida, necesitamos que los partidos dejen en paz a la sociedad”.
El consultor Juan Enrique Huerta indicó que actualmente existe una clase minoritaria que ostenta el poder económico de todo el país; en la medida en que ésta modifique su nivel socioeconómico, en esa misma media se desarrollará la justicia social.
“Es triste ver que para los próximos años siete de cada 10 personas en el país heredarán la condición de pobreza”, sentenció.
Por su parte, el sacerdote jesuita Juan José Esquivias explicó que la búsqueda de justicia social que realiza la Compañía de Jesús está orientada a trabajar siempre por y para los pobres.