El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas mandó al Congreso de Puebla una iniciativa de decreto para abrogar la conocida #LeyBala, que él mismo presentó en mayo pasado, luego de que su aplicación en operativos de la Policía Estatal contra manifestantes dejó un saldo de un niño muerto y 170 heridos en menos de dos meses.
El titular del Poder Ejecutivo del estado tomó la decisión de derogar la normativa en medio de una condena social por el asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció a los 13 años de edad el sábado pasado por el impacto de un proyectil en la cabeza que, según familiares, fue disparado por uniformados durante una protesta en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio.
La iniciativa ya se encuentra enlistada en la sesión ordinaria que el Congreso realizará este martes y será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, donde se espera que reciba el aval unánime de los legisladores.
El nombre oficial de la normativa es “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiacas del Estado”, la cual se aprobó el 19 de mayo por mayoría de votos, pese a que cinco diputados del PT, PVEM y Movimiento Ciudadano alertaron que el proyecto impulsado por Moreno Valle sería utilizado como un instrumento de represión.
El aval lo dieron 32 legisladores de PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza y los partidos locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.
La #LeyBala se aplicó en dos operativos de la Policía Estatal y en ambos casos se usó para dispersar protestas de habitantes y autoridades de las juntas auxiliares del estado que se inconformaron por la decisión que tomó el Congreso local de retirar a esos órganos desconcentrados de los ayuntamientos la facultad de brindar los servicios de registro civil y seguridad.
La primera intervención de la fuerza pública se realizó en una protesta de habitantes de la Sierra Negra, quienes bloquearon los accesos de las oficinas del gobierno del estado en Tehuacán y la carretera federal Puebla–Veracruz el 1 de julio pasado. El resultado fue de 30 pobladores heridos y seis detenidos.
Ocho días después la Policía Estatal volvió hacer uso de la #LeyBala en San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan, donde hubo 100 habitantes heridos, de los cuales cuatro se reportaron de gravedad por el impacto de balas de goma que recibieron en cara, cráneo y mano. Entre ellos se encontró José Luis Alberto Tehuatlie, quien falleció 10 días después.
El gobierno del estado negó el uso de balas de goma en el operativo –pese a que pobladores encontraron dichos proyectiles en la zona del enfrentamiento–; además, declaró que hubo 40 policías lesionados con los palos y piedras que utilizaron los pobladores para defenderse del operativo.
Escándalo tras escándalo
El escándalo rodeó a la ley desde su discusión en comisiones, ya que el texto original de la iniciativa permitía a los elementos de seguridad pública utilizar armas de fuego para dispersar una manifestación y proponía clasificar las protestas en “lícitas”, “ilícitas no violentas” y “violentas” para efectos de control y dispersión.
Además, los diputados que dictaminaron la normativa propuesta por Moreno Valle aseguraron que el proyecto que turnaron al pleno solo tuvo correcciones de redacción, pero la ley que se publicó en el Periódico Oficial del Estado mostró cambios de fondo, ya que aminoraron su alcance al prohibir el uso de armas letales y dar marcha atrás a la clasificación de movilizaciones.
Los legisladores del PAN y el PRI trataron de justificar la disparidad entre el contenido de la iniciativa y la ley promulgada, asegurando que las modificaciones se realizaron durante la revisión del proyecto en comisiones, aunque se ocultaron a la opinión pública.
No obstante, representantes populares que pidieron el anonimato acusaron que los cambios los efectuó el Poder Ejecutivo en el documento que les turnó el Congreso, antes de publicar la ley, en respuesta al escándalo de nivel internacional que ocasionó la posibilidad de que armas de fuego fueran utilizadas contra manifestantes.
Aun con las correcciones, la #LeyBala vigente dejó abierto a los elementos de seguridad el uso de diversas armas para contener y dispersar protestas que se encuentran enlistadas en el artículo 23 y se trata de bastones, agentes químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control, así como pistolas noqueadoras o incapacitantes, clasificación en la que entran las armas que disparan balas de goma.