Sin duda alguna la conducción de Víctor Antonio Carrancá Bourguet como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha colocado al estado de Puebla en el más alto riesgo por el alto índice de delitos que se cometen en la entidad y del cual el funcionario parece no darse cuenta, a juzgar por lo que expresó en su comparecencia ayer, ante el pleno del Congreso local.
En efecto, que el servidor público reconozca 77 feminicidios durante 2017 –aunque las organizaciones especializadas hayan establecido esa funesta cifra en 112- y que se haya tardado siete años en admitir la actividad del crimen organizado en Puebla, solo pude considerarse un acto de cinismo descarado o bien, la ignorancia e insensibilidad absoluta sobre un tema tan sensible para la sociedad como es la inseguridad.
A lo largo del sexenio pasado, Víctor Antonio Carrancá Bourguet hizo de la Fiscalía General del Estado no un instrumento de procuración de justicia, sino todo lo contrario: un organismo dedicado a fabricar delitos para emprender persecuciones en contra de críticos, disidentes y opositores del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, amén de falsear investigaciones como en el caso del asesinato del niño de San Bernardino Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo.
Por si fuera poco, en fechas recientes ha emergido la sospecha de que la FGE solo encuentra a culpables de homicidios, cuando se le presiona políticamente, como sucedió en el caso del edil de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión.