La organización Dignas y Unidas Ganaremos exigió la destitución de la titular del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), a cargo de Verónica María Sobrado Rodríguez, por su omisión y falta de congruencia ante la creciente ola de feminicidios en Puebla, que a la fecha suman 56 muertas y 120 desaparecidas.
La declaración se dio a propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas.
Durante una rueda de prensa, Stefania Tapia Marchina y María Eugenia Ochoa criticaron que la presidente del instituto no está haciendo su “chamba” y se ha mantenido al margen de la problemática de violencia que afrontan las mujeres en la entidad.
Revelaron que la servidora pública está más preocupada en hacer campaña adelantada para obtener una diputación federal por su partido, Acción Nacional (PAN), que en velar por las féminas.
Demandaron a Sobrado Rodríguez que emita una postura pública al respecto y exija al gobernador Rafael Moreno Valle y al procurador Víctor Carrancá Bourget se esclarezcan las investigaciones de los feminicidios y las desapariciones.
“Le exigimos que actúen y no se mantengan al margen, pues debería de estar al pie del cañón pidiendo cuentas, viendo que se active la ‘Alerta Amber’ cada que desaparezca una mujer”, reclamaron.
Desde su punto vista, el IPM no está haciendo su chamba porque las cifras estuvieran disminuyendo si existiera un trabajo comprometido de la presidente del instituto.
Por otro lado, la organización Dignas y Unidas Ganaremos dio a conocer que de los 45 presos políticos de la administración morenovallista, 12 son mujeres.
Entre ellas, citaron, está la líder campesina Enedina Rosas Vélez, opositora al gasoducto; Josefina Nava Nezahualcóyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl y Porfiria Flores.
Explicaron que la docena de mujeres han sido encarceladas, hostigadas y acosadas por motivos políticos o sociales a lo largo de este año, quienes además se encuentran desamparadas.
María Eugenia Ochoa informó que Rosas Vélez actualmente está en arraigo domiciliario por motivos de salud, pero las demás tuvieron que pagar una fianza de aproximadamente 120 mil pesos cada una para recuperar su libertad bajo caución.
“Les costó mucho juntar el dinero, porque la mayoría son mujeres pobres, algunas son jefas de familia, sin el respaldo económico de nadie”, denunció.
Manifestó que además dichas mujeres tuvieron que pagar una fianza por delitos que no cometieron. “Lo que estamos viendo en el estado y en el país es una justicia imparcial que está a la orden del poder y el dinero”.
Al último, enfatizó que está el caso de injusticia con la señora Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, quien fue asesinado en una protesta social en Chalchihuapan; la situación de intimidación que padece Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes, encarcelado el pasado viernes, y el de la activista Irene Herrera, agredida por la Policía capitalina, que quiso detenerla por una supuesta infracción automovilística.