La empresa Concesiones Integrales SA de CV y la regidora panista Augusta Díaz de Rivera, a quien identifican como la defensora de oficio de la compañía, han puesto en marcha una estrategia para criminalizar desde la Fiscalía General del Estado (FGE) al movimiento social que pugna por la desprivatización del servicio de agua, drenaje y saneamiento en Puebla.
Así respondieron los integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) y del Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y en contra de su Privatización, ante los señalamientos hechos por la regidora capitalina.
Incluso, sostuvieron que la concesionaria busca infundir temor entre los ciudadanos para que abandonen la presentación de amparos en contra del corte del servicio.
En entrevistas por separado, José Luis García Bello, de la ASA, y Manuel Bravo Bruno, del Frente, advirtieron una andanada en contra del movimiento social a raíz de la reconexión ciudadana del servicio de agua y drenaje que se efectuó hace un mes en la colonia Pilares, al sur de la capital.
Esto luego de revelar que la Fiscalía de Puebla admitió la denuncia penal en contra del usuario que se negó a pagar una tarifa exorbitante por consumo.
En entrevista, Manuel Bravo Bruno hizo un recuento de los hechos violentos en contra del personal de la concesionaria en las últimas semanas, donde se pretende confundir a la ciudadanía y culpar a los opositores a la privatización.
En primer lugar, informó que en el último mes dos lecturistas de la empresa Concesiones Integrales fueron agredidos por la delincuencia que impera en la capital. Uno de ellos recibió dos impactos de bala en la espalda, y el segundo fue levantado en la colonia San Rafael Poniente, para después aparecer con vida el mismo día en la colonia Xonaca.
Bravo Bruno aclaró que ambos trabajadores toman lectura de las tomas de agua domiciliaria, más no son responsables del corte de los servicios por morosidad.
A esto sumó el asalto cometido en este inicio de semana a un usuario en la Colonia Valle Dorado, donde supuestamente personal de Concesiones Integrales ingresó a una vivienda para realizar la toma del medidor y, en su lugar, asaltó con violencia a sus moradores.
En este caso, destacó que les llamó la atención que los uniformados solo ingresaron para robar 2 mil pesos, cuando en la casa había otros artículos de mayor valor económico.
Incluso, enfatizó que antes los ladrones tocaron en la casa del activista de la ASA, José Luis Bello, con la intención de ingresar a su domicilio, pero al final no los dejaron entrar.
“Esto no es una casualidad, pusieron en marcha una estrategia para criminalizar el movimiento social opositor a la privatización del agua”, recalcó Manuel Bravo.
El también ex trabajador del Soapap sostuvo que buscan culpar al movimiento social del asalto con violencia del lecturista y presentar una denuncia en contra de los activistas, como presuntos responsables.
En ese sentido, reclamó a la regidora Augusta Díaz de Rivera que se preste a defender a una empresa y a criminalizar el activismo social en Puebla, cuando su responsabilidad esta con la ciudadanía.
“Es la defensora ultranza de la compañía, lo que nos preguntamos es qué intereses defiende la regidora del PAN”, cuestionó.
Se viene una ofensiva contra el movimiento social: ASA
Por su parte, José Luis García Bello, de la Asamblea Social del Agua (ASA), denunció que los señalamientos hechos por la regidora Augusta Díaz de Rivera es un acto criminal, pues como movimiento social nunca han hecho un llamado a la violencia más que a defender el derecho humano al líquido.
Como ejemplo citó que existen documentos, fotografías y videograbaciones de las asambleas que realiza abierta al público la ASA, donde se informa que la única manera de frenar los abusos de la concesionaria es a través de la Ley.
Por esta razón, coincidió que se viene una ofensiva contra el movimiento que busca rescindir el título de concesión a la empresa, debido a que de fondo existen muchos intereses económicos para que el contrato no se revierta.
“Vemos que quieren infundir temor entre la ciudadanía que ha decidido defender su derecho humano de agua, para que no siga la lucha en contra de la empresa”, aseveró.
Además, José Luis García informó que existe una denuncia penal en contra del usuario que reconectó su servicio de agua en la colonia Pilares, y dijo estar seguro que fue presentada por otra autoridad para el proceso se admitiera ante la Fiscalía del estado.
“Al compañero le están fincando un delito penal. Estamos en el acopio de información, para saber qué ilícito le están imputando; no lo vamos a dejar solo porque ya lo citaron en la Fiscalía, que dio entrada a la denuncia”, informó el abogado.
Por lo tanto, concluyó que los asaltos con violencia en contra del personal lecturista no guardan relación alguna con lo que la ASA está combatiendo desde el derecho civil.
Finalmente, García Bello fue claro al señalar que si alguien ha provocado violencia en esta lucha es la concesionaria al cortar el servicio del agua y drenaje que no se contempla en la ley.