El síndico del ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Castillo Pérez, negó que se trate de un conflicto laboral el hecho de respetar las 84 basificaciones entregadas a operadores políticos de Acción Nacional (PAN), durante los últimos días de gobierno del ex alcalde Luis Banck Serrato.
Lo anterior, luego que corriera la versión que había un amago por parte de los trabajadores que obtuvieron las nuevas plazas de interponer una demanda laboral en contra del gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco.
En entrevista, Castillo Pérez sostuvo “no es un conflicto laboral, sino una decisión de respeto a los derechos de los trabajadores” por parte del gobierno de la ciudad.
Expuso que la postura del ayuntamiento de Puebla “fue no quitarles sus derechos laborales a las personas basificadas por una decisión ‘tomada al vapor’”, en relación a que se cambió la postura del dictamen de un día para otro.
Un día antes de la sesión del pasado lunes, las comisiones unidas del Cabildo de Puebla aprobaron un dictamen para anular las 84 basificaciones; sin embargo, de última hora, el discurso de la alcalde en sesión ordinaria fue todo lo contrario.
Al respecto, el síndico reconoció que se determinó no quitar las bases al mismo número de empleados, pero sí que la Contraloría y Secretaría de Administración Municipal efectúe un análisis persona por persona, para saber si cumplió o no con los requisitos.
Gonzalo Castillo aclaró que la sanción administrativa no será en contra del beneficiario de la base sino de su promotor.
“El dictamen que propuso Claudia Rivera Vivanco fue precisamente para respetar los derechos de estos 84 basificados y el Cabildo aprobó turnar la revisión de las bases a la Contraloría y la Secretaría de Administración para su análisis”, explicó.
-¿Entonces no se echarán abajo las 84 bases?, a pesar que el discurso de Morena fue no ratificarlas hace unos días- se le inquirió.
-Así es, estamos respetando los derechos laborales.
“Fue el mensaje que envió la alcalde Claudia Rivera, vamos a analizar quienes tienen derecho o no; si las bases son ilegales la Contraloría levante las responsabilidad que sean necesarias por actuar fuera de la Ley”, enfatizó.
En otro tema, el síndico de Puebla reveló que el título de concesión que privatiza el agua en la ciudad de Puebla es muy extenso y les llevará tiempo analizarlo para corroborar si se ha incurrido en una correcta y legal aplicación.
“El contrato muy exhausto con diversas vertientes y anexos, con un mundo de información que nos llevará tiempo para estudiar una correcta ilegalidad; hay que ver todos los anexos”, informó.
Castillo Pérez adelantó que este análisis les llevará mucho tiempo, pero están dispuestos a agotar la lectura del título de concesión para ver la posibilidad de iniciar un litigio contra Concesiones Integrales SA de CV, la empresa que obtuvo sin licitar la administración del servicio en Puebla por 30 años.
Finalmente, el servidor público dijo que en la primera revisión al contrato han detectado 20 cláusulas para rescindir el contrato a la compañía, pero advirtió que estas tienen “candados” legales.