La versión de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) de que la clausura de los todos los verificentros en el estado se hizo con transparencia y legalidad se ha demostrado que es mentira, pues se ha concedido un primer amparo contra dicho proceso, y la justicia federal ordenó que se reabra un centro de verificación ubicado en Teziutlán, luego de que la propietaria demostró la ilegalidad con que actuó el personal del la Dirección Jurídica de la SDRSOT.
Como consecuencia de ese juicio ganado, no solamente se tendrá que restituir la concesión a la dueña de ese centro de verificación, sino se deberá iniciar un proceso legal contra José Alfredo Julián Peral, director jurídico de la SDRSOT, por haber mentido al juzgado sobre el proceso de clausura de dicho establecimiento.
Dicho fallo ha significado una ola de aliento para el grueso de los propietarios de centros de verificación que habían caído en el pesimismo al creer que ya no había vías para combatir la ilegalidad y arbitrariedad con que el Poder Ejecutivo ha procedido en su contra, luego de que en los últimos cuatro meses, en un proceso que tuvo tres fases, les despojaron de sus concesiones, mismas que en este mismo mes serán reasignadas a empresarios del Distrito Federal y del estado de México.
Un grupo importante de ex concesionarios ha solicitado un amparo colectivo contra las clausuras, y a su vez, existen otros ocho juicios de amparo contra el mismo proceso.
El primer amparo que se ha producido tuvo la siguiente historia:
A mediados de junio la SDRSOT, en menos de semana y media clausuró 40 verificentros, que no habían sido afectados por la ola de cierres que inició en marzo y abril de este año.
Entre estos últimos establecimientos hubo uno que se ubica en Teziutlán, el cual recibió la inspección de personal de la SDRSOT al parecer el 14 de junio, y al día siguiente se emitió la orden de clausura, misma que por algún motivo desconocido no se ejecutó.
Tal como ocurrió con el resto de los 84 verificentros en el estado, a la dueña de dicha terminal de Teziutlán le negaron el derecho de audiencia para responder a las observaciones que le pudieron haber encontrado los inspectores y, a menos de 24 horas de la revisión, ya estaba lista la determinación de clausurar.
Por esa razón la mujer acudió a solicitar un amparo ante el Juzgado 4 de Distrito, mismo que solicitó a la SDRSOT información sobre lo ocurrido, y esta dependencia, por medio de José Alfredo Julián Peral, respondió que no había clausura contra ese centro de verificación.
El juez al que le tocó el caso, al constatar que efectivamente no estaba cerrado el negocio en cuestión, le habría hecho un llamado a la dueña para que no hiciera especulaciones y por tanto declaró sobreseído el juicio de amparo, es decir quedó sin validez.
Sin embargo, el día 19 del mismo mes, ahora sí el personal de la SDRSOT clausuró el centro de verificación, tal como la propietaria lo había advertido a tiempo.
Solamente que hubo un pequeño detalle: el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial ejecutó la clausura con una orden que estaba fechada el 14 de julio.
Al darse el cierre, la mujer volvió a acudir con el mismo juez y le expuso lo ocurrido, lo cual llevó al funcionario del Poder Judicial de la Federación a percatarse de que el área jurídica de la SDRSOT le mintió al afirmarle que no había clausura ni intenciones de que eso ocurriera.
El juez acabó fallando a favor de la mujer, a quien le concedió un amparo en el sentido en que se ordena al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que levante la clausura del establecimiento.
Ahí no termina todo. De acuerdo con el artículo 262, fracción 1, de la Ley de Amparo, se puede aplicar una sanción de tres a nueve años de cárcel a quien falsee información a la justicia federal.
Y la norma establece que esa falta se persigue de oficio, es decir no tiene que haber un denunciante.
En ese sentido quien se ha metido en un serio problema es el director jurídico de la SDRSOT, José Alfredo Julián Peral, quien falseó la información al señalarle al Juzgado Cuarto de Distrito que no había intenciones de clausurar el verificentro de Teziutlán.
Aunque, para ser justos, Julián Peral no es el único responsable; todo lo que ha hecho la SDRSOT, encabezada por Mario Rincón González, en torno a los verificentros, ha estado plagado de mentiras y abusos.
Primero se dijo que los centros de verificación se iban a revisar para detectar anomalías administrativas. Luego se informó que se permitiría su reapertura. Posteriormente se acusó a los concesionarios de cometer actos de corrupción. Al final se dijo que no se les iba a dejar seguir funcionando porque no se modernizaron. Frente a los tribunales la dependencia ha dicho que cerró los establecimientos por fallas jurídicas, debido a que no renovaron sus refrendos anuales.
Es decir, Mario Rincón no ha podido sostener una sola versión de manera convincente y todo lo que dice del tema acaba siendo exhibido como una larga lista de mentiras.