Comunidades de la Sierra Norte de Puebla anunciaron la realización del primer foro nacional Impacto de los Megaproyectos en el Patrimonio Cultural, Social y Natural, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en el poblado de Cuacuila, en el municipio de Huauchinango.
Así lo dio a conocer el indigenista Gerardo Pérez Muñoz, quien adelantó que entre los temas a abordar está el fracking, la defensa de los recursos naturales, pueblos indígenas y el movimiento social contra los megaproyectos.
Destacó que es en la comunidad de Cocuila donde la empresa Gasomex pasó la tubería a unos cuantos metros de una escuela preescolar.
Advirtió que el tema de los megaproyectos estará rebasando a las dos regiones culturales que están siendo afectadas, como es el Totonacapan y la Huasteca.
Señaló que, por tanto, se contará con la presencia de los pueblos de Papantla, y la región Huasteca, donde se defienden los bosques y el agua.
Dijo que el interés fundamental del foro es hacer un diagnóstico y una radiografía en la Sierra Norte con los megaproyectos de muerte, además de buscar alternativas de solución.
“Uno de los objetivos es difundir la problemática, documentar lo que sucede y el poder agrupar y seguir construyendo este caminar juntos entre las organizaciones de la Sierra Norte y la parte de Veracruz”.
Recordó que Cuacuila es ejemplo de lucha en defensa de sus recursos, tradiciones, usos y costumbres.
En julio pasado, pobladores denunciaron que la empresa Gasomex violó la orden judicial de suspensión de obra, pues continúa con la construcción del gasoducto.
Señalaron que los habitantes temen por sus vidas y piden de inmediato la detención del proyecto.
La abogada Patricia Montaño Flores dijo que a pesar de que el pasado 7 de abril el juez Primero de Distrito en Puebla otorgó la suspensión definitiva de este proyecto en Cuacuila, la empresa Gasomex ha hecho caso omiso.
Además por medio de artimañas jurídicas prosigue con los trabajos con lo que afecta a la referida comunidad a sus 4 mil habitantes.
Gasomex convenció al juez a que se publicaran edictos en el periódico Excélsior y en el Periódico Oficial de la Federación, con un costo de 40 mil pesos.
La cantidad no se pudo pagar, pues todos los inconformes se dedica al campo, por lo que el mismo juez dio a conocer que se terminó el juicio de amparo sin que este se revisara a fondo.