Diputadas de oposición, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron al Congreso de Puebla reformas para retirar los requisitos que restringen la participación de los candidatos independientes, sancionar la violencia política de género y reglamentar el voto en el extranjero para los comicios de 2018.
La pasada contienda lectoral local dejó claro el machismo, la misoginia y el carácter heteronormado que impera en el sistema de partico y aún en la autoridad comicial. El ejemplo más claro fue la discriminación y ataques por su condición de mujeres a las candidatas independiente, Ana Teresa Aranda Orozco, la perredista Roxana Luna Porquillo y la priista Blanca Alcalá Ruiz.
A pesar de la evidente ofensiva que estas políticas y otras de todos los partidos sufrieron, no hubo la capacidad o, peor aún, la menor intención de parte del Organismo Público Local Electoral para establecer sanciones a los agresores, con lo cual, los ataques fueron avalados de facto.
El ámbito del servicio público no es mejor para las féminas, pues siguen siendo relegadas de los puestos de alta envergadura en gobiernos del nivel estatal y municipal.
Es así que se hace necesaria no solo una normatividad sino instituciones que hagan efectiva la equidad de género, porque los niveles de violencia que se practican de manera cotidiana y casi natural contra mujeres que disputan el poder político, se repdoducen con mayor agresividad en el ámbito doméstico y laboral.