Ayer el gobernador José Antonio Gali Fayad y la semana pasada el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, han criticado al Sistema Penal Acusatorio, argumentando que su vigencia está permitiendo que delincuentes que han sido detenidos incluso en flagrancia hayan tenido que ser liberados.
Se habla de que más de 2 mil delincuente o presuntos criminales fueron echados a las calles por la vigencia del actual Sistema Penal Acusatorio.
Las críticas de ambas autoridades son pertinentes y reflejan el malestar que tienen abogados y cuerpos de seguridad pública, pero sobre todo el flagelo que padecen miles de ciudadanos no solo de Puebla sino de prácticamente todo el país, por ser víctimas frecuentes de la delincuencia común y el crimen organizado.
Sin embargo, hay que decir que en buena parte en Puebla la responsabilidad de que quienes delinquen no vayan a la cárcel es del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio Carrancá Bourguet, quien prácticamente desmanteló la institución en lo que se refiere a agentes del Ministerio Público y Policías Ministeriales, generando con eso la inhibición a los ciudadanos para que presenten denuncias.
Es por eso que es necesaria la renuncia o defenestración de Víctor Antonio Carrancá Bourguet, quien, por cierto, el sexenio pasado lejos de usar el aparato de la Fiscalía General del Estado para atrapar delincuentes y encerrarlos, lo utilizó para perseguir y reprimir a enemigos políticos del entonces gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.