El principio sobre el que descansa la oposición a la privatización de los servicios públicos y los recursos naturales es de una lógica elemental: ambos son necesarios y hasta imprescindibles para la vida, por lo que no pueden quedar sujetos a las veleidades que acostumbran los mercados.
En el caso de Puebla y la concesión del servicio de agua potable se presenta en la edición de hoy una investigación que demuestra que la entrega a la iniciativa privada solo ha beneficiado al empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos, quienes acumulan el 99 por ciento de las acciones de Concesiones Integrales, mejor conocida por su nombre comercial como Agua de Puebla para Todos.
Juan Diego Gutiérrez Corona y su familia recibieron muchas prebendas durante el sexenio que encabezó el priista Carlos Salinas de Gortari y también es conocido porque emprendió una serie de proyectos que resultaron fallidos y que tuvieron que ser rescatados a través de los fondos públicos que se obtuvieron del Fobaproa.
Es así que las advertencias que organizaciones como la Asamblea Social del Agua se han concretado: la concesión del agua potable en la capital no ha traído beneficios a la población; por el contrario, ha generado solo males, entre ellos, el aumento hasta por más de 300 por ciento en las tarifas del aprovechamiento.
Es necesario que este asunto se transparente a la brevedad y que la administración del líquido sea devuelta a los órganos gubernamentales.