El proceso disciplinario que el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI impulsó contra Fernando Morales Martínez –que concluyó con su expulsión del partido– resultó tener efectos inocuos, ya que no se consiguió el propósito central, que era frenar la abierta y descarada colaboración de decenas de operadores, legisladores, alcaldes y hasta dirigentes priistas que han estado y lo siguen estando en contubernio con el morenovallismo.
Si realmente el CDE priista quisiera meter orden y generar lealtad de sus miembros, a la primera que debería someter a un proceso disciplinario es a Silvia Tanús Osorio, quien desde la coordinación de los diputados del PRI en el Congreso local protege los intereses de Rafael Moreno Valle Rosas.
Tanús Osorio fue una ferviente colaboradora de Moreno Valle cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno de Melquiades Morales Flores. Curiosamente ha sido la encargada de la operación electoral del PRI en los dos últimos procesos electorales locales, en los cuales el tricolor ha sufrido estrepitosas derrotas. Y en el Congreso nunca se ha opuesto a nada que se ordene aprobar desde Casa Puebla.
Las únicas diferencias entre Silvia Tanús y Fernando Morales, es que el segundo es hijo del ex gobernador Melquiades Morales, ha sido funcionario morenovallista y se exhibió una grabación en la que amenaza con “romperle la madre” a Juan Carlos Natale, el legislador del PVEM, mientras que la coordinadora de los diputados priistas es silenciosa y no causa alboroto en su labor legislativa.
En general ambos, Morales y Tanús, han sido priistas dedicados a proteger a Moreno Valle en todos sus abusos, intereses y proyectos de largo plazo.
Si realmente en el PRI se quiere hacer una depuración, también se tendría que revisar el papel de José Luis Márquez, el líder estatal de la CNOP, a quien nunca se le ha escuchado la más mínima crítica al morenovallismo y en el proceso electoral de 2013 permitió que priistas inconformes se convirtieran en candidatos a presidentes municipales por parte de las fuerzas políticas que controla Moreno Valle, como es Movimiento Ciudadano, el Panal y el PT.
Incluso se rumora que la cónyuge de Márquez realiza labores de auditoría a varios ayuntamientos del estado, algo solo posible con la venia morenovallista.
Antes de buscar castigar a Fernando Morales el PRI tenía que haber llamado a cuentas a José Alarcón Hernández, quien traicionó al tricolor desde que era delegado en Puebla de la SEP federal.
Cuando Alarcón era delegado, la entrega de miles de tabletas –que eran parte de un programa de la SEP federal– a estudiantes de educación básica fue absorbida por la administración morenovallista, como si fuera una acción del Poder Ejecutivo de Puebla.
Uno de los beneficiados de esa entrega masiva de miles de tabletas fue Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, quien promovió su imagen en docenas de actos públicos de la región de Teziutlán mediante la distribución de dichos artículos electrónicos. Al final el político acabó siendo electo diputado federal por el Partido Acción Nacional.
No solo fue Alarcón el que colaboró con el morenovallismo. En 2016, únicamente a cinco delegados del gobierno federal se les vio participando al lado de la entonces candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz. El resto permanecieron quietos no por respeto a la legalidad, sino para evitar ser regañados desde Casa Puebla.
Otros priistas que deberían ser llamados a cuentas son todos los diputados locales del PRI.
Los miembros de la bancada del PRI han aprobado, “con los ojos cerrados”, las cuentas públicas de Rafael Moreno Valle Rosas, las mismas que enfrentan observaciones por 5 mil millones de pesos de parte de la Auditoría Superior de la Federación.
La privatización del agua fue posible primero, por los anteriores legisladores del tricolor que aprobaron la nueva Ley del Agua del estado de Puebla, y ahora por los actuales diputados que en enero pasado votaron a favor de quitarle a los ayuntamientos la administración de este servicio público.
Y para nadie es un secreto que la privatización del agua es un burdo negocio de políticos morenovallistas.
Ese mismo comportamiento sumiso de los diputados del PRI se observó en la aprobación de la Ley Bala, en el tema de los presos políticos, del crecimiento desorbitado de los pasivos del Poder Ejecutivo y en su silencio frente al despido de miles de burócratas, pese a que muchos de ellos eran militantes priistas.
No cabe duda de que el PRI poblano está bajo el control de Rafael Moreno Valle Rosas.
Y que la expulsión de Fernando Morales de las filas del tricolor solo provocará un efecto placebo.