Los abusos cometidos con el segundo piso de la autopista México–Puebla parecen ser un barril sin fondo, ya que no solamente es una obra onerosa en sus costos y en las tarifas que cobra a los conductores de vehículos, así como en la actitud de la autoridad de obligar a los usuarios a utilizar dicho libramiento. A todo eso ahora se debe agregar que se acaba de concesionar el servicio de grúas, para que en los 13 kilómetros de esa vialidad solamente una compañía monopolice el servicio. Lo grave es que esa empresa está en la lista negra del gobierno federal por las deficiencias técnicas y anomalías que comete contra sus clientes.
Dicha concesión se otorgó a José Luis Villagrán Paredes, quien es propietario de la empresa Grúas Villagrán, la cual tiene severas observaciones por no contar con equipo moderno y adecuado al servicio que presta, además de abusar de los conductores que son objeto de arrastre de sus vehículos.
Había una lista de 14 empresas que eran candidatas a brindar el servicio, de las cuales cinco enfrentan observaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que se podía escoger una compañía en un universo de nueve opciones, de tal manera que había la posibilidad de que por lo menos hubiera dos prestadores del servicio, que estuvieran acreditados y que fueran garantía de calidad.
Al final se ignoraron esas nueve opciones y se eligió a una de las empresas peor calificadas.
Tal situación tiene un tufo de corrupción, de que alguien se podría estar beneficiando económicamente por seleccionar una empresa de grúas que no está calificada.
La decisión recayó en la sociedad anónima denominada Libramiento Elevado de Puebla, en la que participan los representantes de las empresas OHL y Pinfra, así como funcionarios del Organismo Operador de Carreteras de Cuota del estado de Puebla.
Se dice que quien habría impulsado la propuesta de Grúas Villagrán fue Francisco Rodríguez Salinas, quien es el director operativo regional de Pinfra, una de las empresas que construyó la vialidad elevada que tuvo un costo de 10 mil millones de pesos y que tiene unas cuotas tan altas que convierten a dicho tramo carretero, de 13 kilómetros de extensión, en la vialidad más cara del país.
Previo a que se escogiera a la compañía de grúas, quienes tomaron la decisión tenían conocimiento del oficio de la SCT federal con número 1.20.–403–1017/
2015, en el cual se advierte lo siguiente:
Que la empresa Grúas Villagrán tiene vehículos con más de 10 años de uso y que no cuenta con grúas tipo B.
Aparte se sabe que hay muchas quejas contra esta empresa por cobros excesivos a quienes contratan sus servicios.
Según la norma federal, no se pueden utilizar grúas que tengan más de 10 años de uso, ya que luego de una década de empleo dejan de ser vehículos seguros, estables y con la fuerza motora suficiente para arrastrar vehículos con eficiencia.
En el servicios de grúas hay las categorías A, B, C y D, que corresponden al peso que pueden cargar. La primera es para autos pequeños. La segunda es para camionetas medianas en su capacidad de tonelaje.
Por tanto es grave que Grúas Villagrán tenga automotores viejos y que no cuente con una categoría de vehículos. Además, que no sea respetuosa de los estándares de cobro de sus servicios.
Datos oficiales indican que entre la caseta de cobro de San Martín Texmelucan y la de Acajete, sobre la autopista México–Puebla, hay un aforo diario de 75 mil vehículos, en promedio. Ese es el universo de automotores que se ven en la necesidad de pasar por el segundo piso que recientemente fue inaugurado por Enrique Peña Nieto.
Tal flujo de vehículos demanda que la empresa que preste el servicio de grúas cubra todas las necesidades y que sus unidades sean seguras. Algo que finalmente no va a ocurrir.
La construcción del segundo piso de la autopista ha significado que esa zona se convierta insegura, ya que han proliferado los asaltos y robos contra quienes circulan por la parte baja del libramiento.
Hasta la fecha se ignora cuál es el beneficio real para la población de ese proyecto, que acabará sangrando las finanzas del gobierno federal –algo que pagarán los contribuyentes medianos de este país– y las únicas que salen ganando son las empresas que construyeron dicha vialidad elevada y la que dará el servicio de grúas.
Por eso la opinión pública no quiere al presidente Enrique Peña Nieto: todas sus obras son una serie de dislates.