La Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República aprobó el punto de acuerdo presentado por la bancada del PRI para exhortar al gobernador panista de Puebla para que cumpla a cabalidad las recomendaciones que tiene pendientes con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Durante todo su sexenio el mandatario estatal hizo gala de la poca o nula importancia que le brinda a la obligación de cumplir los marcos legales, cuando éstos no le permiten satisfacer sus ambiciones o concretar sus planes. Utilizó a la Fiscalía General del Estado no para investigar delitos y consignar a delincuentes reales sino para perseguir a adversarios políticos, opositores, disidentes o ciudadanos que simplemente se atrevieron a ejercer su derecho a protestar.
Así, se han contabilizado en el periodo gubernamental morenovallista más de 250 presos, procesados y perseguidos políticos.
Esto viene a colación porque el respeto a las garantías universales ha sido anulado en esta administración y esa es la razón que explica la reticencia o franca negativa del gobierno de Moreno Valle a cumplir las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No está por demás recordar que una de esas recomendaciones es por violaciones graves a los derechos humanos y se originó en la represión del 9 de julio de 2014 contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, la cual derivó en el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo a manos de la Policía Estatal y lesiones a una centena de vecinos, varios de los cuales perdieron de manera parcial pero permanente, facultades del habla y la vista.