Una vez más el gobierno del estado apostó por la opacidad y decidió mantener lejos del conocimiento público el contrato de una de sus obras insignes: el Museo Internacional Barroco (MIB). Una vez más, como lo hizo con el contrato del Centro Integral de Servicios (CIS), que lleva más de cuatro años oculto. Una vez más, como lo hizo con los contratos con la empresa Creatividad y Espectáculos (CREA). Una vez más, como lo hizo con la información sobre la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), por mencionar sólo algunos de los temas tabú de esta administración.
En la respuesta que otorgó a este reportero a una solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, dependencia que tiene bajo su control el Museo Internacional Barroco, aseguró que no podía hacer público el documento porque está bajo una “auditoría”, aunque no aclaró cuándo terminará, ni cuándo se podrá conocer el documento.
De hecho, y tras la reforma a la ley de Transparencia del pasado 4 de mayo, pareciera que la administración que encabeza el panista Rafael Moreno Valle entró en una auditoría completa, pues a solicitudes a temas incómodos como los contratos con la empresa CREA la respuesta es la misma en todas las dependencias: están reservadas porque están en auditoría.
El MIB, ¿pago de favores?
Y si el CIS, obra con la que se pusieron en marcha las Asociaciones Público Privadas como esquema de financiamiento para obra pública, ha sido opaco, el Museo Internacional Barroco, financiado también como APP, no se ha quedado atrás.
Museo Internacional Barroco, siempre en penumbras
Fue desde junio de 2012 que el gobierno del estado comenzó a gestionar el proyecto al presentar al Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) para que a través del Fondo Nacional de Infraestructura apoyara el financiamiento. El análisis del proyecto fue expedito tan sólo dos días después de que lo recibiera el Subcomité de Evaluación y Financiamiento, y autorizó una subvención de 500 millones de pesos no reembolsables para la obra, según el reporte que entrego Francisco González Ortiz Mena, director de Banobras al Congreso de la Unión en febrero del año pasado.
Aunque la licitación tardó dos años en lanzarse. Pues fue hasta el 24 de abril de 2014 cuando el gobierno del estado publicó la licitación para la construcción de la obra que proyectó el arquitecto japonés Toyo Ito.
En ese inter, el despacho Estudio Arquitectura SA de CV, que dirige Federico Bautista Alonso, quien fuera secretario de Obra Pública en el sexenio de Melquiades Morales –y por ende compañero de gabinete de Rafael Moreno Valle— y el principal proyectista de este sexenio, desarrolló el proyecto ejecutivo, por el que recibió un pago de 17 millones de pesos, de acuerdo con el contrato SR/ADE/SI-20130014, que le fue adjudicado por vía directa.
Tras declarar desierta la primera licitación, el gobierno del estado lanzó el 22 de julio una segunda licitación que sólo tuvo un concursante: el consorcio formado por las empresas la Peninsular Compañía Constructora, SA de CV; Operadora y Administración Técnica, SA de CV: Promotora de Cultura Yaxche, SA de CV; y Concretos y Obra Civil de Pacifico, SA de CV.
Empresas relacionadas con el grupo Atlacomulco, el grupo político del PRI que controla el Estado de México del que también forma parte el presidente Enrique Peña Nieto, pues las dos primeras son propiedad de Hank Rhon. Mientras que la última de la lista forma parte de Grupo Higa, el consorcio de empresas que encabeza Juan Armando Hinojosa Cantú, quien construyó la Casa Blanca que hasta hace unos meses era propiedad de la familia Peña Rivera.
Al entramado político-empresarial que rodea a la obra por la que se pagarán 7 mil 280 millones de pesos durante los próximos 23 años 3 meses, hay que sumar la opacidad de la rodea, no sólo por que la administración morenovallista se ha negado a hacer público el contrato, sino porque además negó también la “copia del proyecto museográfico y curatorial”, a una solicitud que planeó el portal Lado B ( folio 00461115). En su respuesta la SEP estatal informó que “la información estaba reservada” refiriendo que el acuerdo de reserva fue firmado en enero de 2015, aunque el documento jamás fue mostrado al reportero Josué Cantorán.
El CIS, una historia de opacidad
En enero de 2012 Rafael Moreno Valle caminó por las baldosas de la explanada del CIS para llegar al templete en donde leería las cifras de su Primer Informe de Labores. En noviembre de ese mismo año, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, firmó un acuerdo de reserva (folio AC2012/07) para mantener oculto el contrato de una obra que costará a los poblanos 3 mil 800 millones de pesos, cifra que será pagada en plazos durante 23 años.
El acuerdo firmado por el sucesor de Rafael Moreno Valle en la gubernatura sólo argumentaba que mientras estuviera abierto el proceso administrativo el contrato estaría protegido, sin aclarar el tiempo en el que documento estaría a disposición de los ciudadanos.
En febrero de 2013, y luego de que se conociera la reserva de la información, Gali Fayad aseguró que se estaba integrando el expediente y que sería en un plazo no mayor a 30 días que el contrato estaría disponible. Sobra decir que eso no sucedió.
Lo que sí sucedió fue que la reserva del contrato fue avalada por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) a pesar de que era contrario al derecho a la información de la sociedad.
Desde entonces año con año se ha solicitado nuevamente el documento, y en cada año la respuesta es la misma, está reservado.
La respuesta más reciente de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, ahora a cargo de Diego Corona Cremean, entregada el pasado 23 de junio fue que “se encuentra reservada por estar en proceso de auditoría, en términos del Acuerdo de Reserva No. AC-2016/002, suscrito por el Titular de esta Dependencia”.