Un punto neurálgico del actual proceso electoral son las delegaciones del gobierno federal, ya que si desde ahí se hace una operación de movilización de electores, el PRI podrá fácilmente obtener una base de 550 mil votos, y con ellos aspirar a ganar la contienda por la gubernatura. Por esa razón el mandatario Rafael Moreno Valle Rosas ha desatado un acoso contra los responsables de dichas oficinas o hacia sus jefes, para buscar pactar una desactivación de dichas dependencias.
La imperiosa necesidad de frenar esa operación ha llevado a que todos los días varios delegados federales reciban múltiples llamadas telefónicas, mensajes de WhatssApp y la visita de emisarios que les proponen sostener un encuentro personal con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas o el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, con el pretexto de discutir y analizar la situación social del estado.
Lo que en realidad se persigue es ofrecer una combinación de prebendas y amenazas para que los involucrados se sientan, al mismo tiempo, seducidos y amedrentados, y eso los lleve a pasarse del lado morenovallista, consistente en una actitud de no operar ninguna estrategia con fines electorales en los días previos al 5 de junio.
Para ello se ha echado mano de un grupo de operadores morenovallistas que tienen como principal característica que son militantes del PRI, por tanto son amigos, compadres, cómplices, socios o parientes de los funcionarios federales. Saben como buscarlos y encontrarlos, ya sea en el ámbito laboral, familiar o de grupos de amistades.
Una fuente bien informada sostiene que, hasta ahora, faltando dos semanas para cerrar campañas, la mayoría de los delegados federales se han resistido a contestar llamadas o mensajes, o de plano han declinado a las invitaciones de los emisarios morenovallistas.
En mucho esa actitud se debe a que se sabe que Manlio Fabio Beltrones, el presidente nacional del PRI, dispuso de una serie de informantes para detectar a los delegados federales que pacten arreglos de orden electoral con el gobierno de Moreno Valle. Y quienes cedan, serán llamados a cuentas una vez que pasen las votaciones del 5 de junio.
Ante el muro de resistencia que han construido varios representantes de dependencias federales, principalmente los que manejan programas de política social, se sabe que el gobernador en los últimos días ha activado una intensa agenda para encontrarse con miembros del gabinete presidencial, subsecretarios o directores de organismos para buscar que éstos influyan en los delegados de Puebla.
Se ignora cuál es el resultado de ese intenso activismo del gobernador, quien dejó de aparecer en los canales tradicionales de comunicación del Poder Ejecutivo estatal, pero en realidad tiene una intervención en el proceso electoral de alta intensidad.
El fenómeno que se está observando, es que en la medida que se acerca la fecha de la elección, una parte importante del electorado empieza a tomar partido.
Muchos electores evalúan bien y reconocen el carisma, la confianza y serenidad que inspira el candidato del PAN, Panal, PT y Compromiso por Puebla, Antonio Gali Fayad, pero no le están apostando a votar por la coalición Sigamos Adelante.
Otros muchos cientos de electores no se sienten atraídos por la campaña del PRI y de la candidata Blanca Alcalá Ruiz, pero están en la posibilidad de votar por el tricolor.
¿Por qué se da este comportamiento? Por dos razones:
La primera es que es muy alto el enojo, decepción, odio, cuestionamiento o agravio contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y electores que tienen esos sentimientos están en la posibilidad de votar por la candidata que pueda derrotar al PAN. Es ahí donde crece el índice de preferencias electorales de Blanca Alcalá.
La segunda es que las delegaciones federales ya están moviendo sus estructuras –luego de que habían permanecido inmóviles– y eso parece que ya empieza a reflejar el arrastre de muchos posibles miles de votos a favor del PRI.
Eso es lo que detonó la operación de los morenovallistas de sacar a docenas de trabajadores del gobierno del estado a repartir cheques –entre el electorado– para devolver dinero por las fotomultas, el servicio del agua potable y otros rubros, con el consabido mensaje de que eso es posible gracias al actual gobierno del PAN.
Sin embargo, esa movilización de activistas morenovallistas no se compara con la estructura de beneficiarios de los programas federales en Puebla, cuyos padrones tienen registrado un millón 300 mil beneficiarios.
En caso de que el Revolucionario Institucional logre una base de 550 mil votos, como resultado de la movilización de sus estructuras y beneficiarios de programas federales, podrá aspirar a ganar la contienda o perder por una mínima diferencia, lo cual le genera la expectativa de poder judicializar el proceso electoral y buscar la anulación del resultado oficial de la votación.
Visto de otra manera, la estructura del gobierno morenovallista y la estructura de las delegaciones federales, están sentadas en una mesa y están en un juego de fuerzas, cuyo desenlace se reflejará en las urnas el próximo 5 de junio.