Diputados del PRI y el PVEM acusaron que existe poca disposición del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para cumplir las recomendaciones que le giró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan, empezando por su negativa a pedir disculpas a la población de dicha comunidad que fue reprimida durante el operativo del 9 de julio.
Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante del grupo legislativo tricolor, calificó de “grave” que hasta la fecha el Poder Ejecutivo solo haya acatado una de 11 recomendaciones con la creación de una fiscalía especial que parece de “papel”.
En tanto, la diputada Geraldine González Cervantes anunció que presentará un punto de acuerdo al Congreso del estado para exhortar al mandatario local a cumplir con la resolución de la CNDH. “Debe haber respeto a la ciudadanía y nosotros tenemos que hacerlo valer”, manifestó.
A su vez, el coordinador de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Ignacio Albízar Linares, dijo que no tenía conocimiento de que el titular del Ejecutivo hubiera hecho un nuevo pronunciamiento sobre el tema, por lo que pidió esperar los plazos legales establecidos por la CNDH para determinar si el gobierno acató las instrucciones.
Tras confirmar que sí existieron violaciones graves a los derechos humanos en el operativo policiaco de Chalchihuapan, el ombudsman del país, Raúl Plascencia Villanueva, emitió 11 recomendaciones al gobierno del estado con la advertencia que de no ser cumplidas iniciará un juicio político contra el titular de la primera magistratura del estado.
En la sexta recomendación ordena lo siguiente: “Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo”. Entre ellos se encuentran los familiares del niño José Luis Alberto Tehuatlie, quien perdió la vida por el impacto de un proyectil que lanzaron elementos de seguridad pública.
Después de que el gobernador aclaró que él no emitirá la disculpa porque no se lo ordenó la CNDH, Fernández del Campo expresó: “Me parece que más allá del tema jurídico hay un tema de mucha sensibilidad, y cuando hay un fallecimiento por supuesto que se tiene que actuar con esa sensibilidad (…) hay temas de ética política y moral donde el decoro mínimo no solo obliga la condolencia, sino también a una disculpa”.
Geraldine González opinó: “A mí me parece que es una falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo (…) tiene que haber una revisión de lo cumplido y de lo que no se cumplió”.
Acciones a la deriva
Fernández del Campo demandó al gobierno estatal un informe sobre el avance que lleva en el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, pues han transcurrido dos semanas desde la resolución sin que se haya aclarado el tema.
“No es posible que quede a la deriva la creación de una fiscalía tan importante (…) desde el Congreso seguiremos insistiendo en este seguimiento, porque es un tema que no puede quedar sin una respuesta”, destacó.
Señaló que todas las acciones del gobierno tienen que estar encaminadas a sancionar a los funcionarios y servidores públicos que tuvieron algún tipo de responsabilidad durante la violencia de Chalchihuapan.
Por su parte, Ignacio Albízar se pronunció a favor de esperar que se venzan los 30 días que tiene la administración morenovallista para contestar las 11 recomendaciones, plazo que concluirá el 11 de octubre próximo.
Ratificó el llamado al gobierno estatal a que cumpla todas las instrucciones de la CNDH y agregó: “Los diputados de Movimiento Ciudadano nos hemos manifestado claramente en contra de la represión. La muerte de un inocente no debe quedar impune”.