La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política.
Francisco de Quevedo
El 2 de diciembre de 2012, un día después de asumir la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto encabezó la firma del Pacto por México en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Los abajo firmantes, Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, presidente del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática, asumieron el compromiso público de compartir un conjunto de acuerdos con el nuevo gobierno.
Nada mal para empezar. Peña Nieto mostraba capacidad para concertar y voluntad de cogobernar con los principales partidos nacionales. Sobre todo porque los acuerdos se referían a temas cruciales para sacar al país del estancamiento en que lo hundieron sus antecesores. Los ejes rectores del pacto se refieren al fortalecimiento del Estado mexicano; la democratización de la economía y la política, así como la ampliación de los derechos sociales y la participación de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Los acuerdos de pacto se agrupan en cinco capítulos, a saber: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; Gobernabilidad Democrática. Como se ve, es prácticamente un plan de gobierno, por ello generó tan altas expectativas.
Pero como he dicho antes en algún artículo, los políticos mexicanos tienen las plumas más rápidas del oeste, primero firman (o votan) y luego averiguan. A la hora de traducir los acuerdos en leyes, políticas y presupuestos, o sea, pasar de los deseos a la realidad, surgieron las desavenencias. Las primeras, obviamente, tenían que ver con la materia electoral, que es la que les da vida y sustento. Todavía con ánimos apaciguadores, acordaron un adéndum (sic) al pacto.
En tal adición se dice que: “Primero. Los firmantes garantizamos que se sancione debidamente a quienes hayan cometido o cometan delitos electorales”. “Segundo. Instrumentaremos medidas inmediatas de prevención para elecciones limpias, equidad en la competencia y contra el uso electoral de programas sociales”. “Cuarto. La profesionalización e imparcialidad de los delegados federales… revisar los nombramientos, a partir de estas definiciones”. Lo dicho, firman cualquier cosa y después, yo a usted ni lo conozco.
Tales “compromisos”, por supuesto, no superaron la prueba electoral de 2013 y el Pacto entró a terapia intensiva. Vinieron las llamadas reformas estructurales hacendarias, de finanzas, educación, política y telecomunicaciones. La animadversión y la desconfianza crecieron exponencialmente entre los pactantes. Aquello de que la premisa fundamental del Pacto por México era que “ningún interés particular, personal, de grupo o de partido, podría estar por encima del interés general del país”, se agregó a los anales de la picaresca política mexicana.
Sobre todo cuando Televisa doblegó al gobierno y sus aliados, impidiendo que le tocaran un pelo a su imperio. Ya para entonces la seriedad y credibilidad del pacto andaban al garete. Unos y otros se acusaban de haber violado los acuerdos suscritos, lo cierto es que los hechos los rebasaron, a todos. Los poderes fácticos, el capital financiero, el gobierno gringo y las trasnacionales, que no firmaron el pacto, jugaron sus fichas y pusieron las cosas en claro, donde manda capitán…
La reforma energética, piedra angular de las reformas anunciadas, confirmó las peores sospechas respecto a la viabilidad del pacto. Las leyes aprobadas contradicen el espíritu de los acuerdos, en especial el referido al “fortalecimiento del Estado mexicano”. Con el nuevo marco legal, el Estado se hizo el harakiri. Porque en sus ansias por privatizar la industria energética, el gobierno atropelló la institucionalidad, la voluntad popular, la soberanía nacional y la historia.
Tal vez la consulta ciudadana que promueven las fuerzas opositoras a la privatización y el despojo o incluso la Suprema Corte, si les llega el caso, pudieran enmendar la plana y volver al punto de partida. Pero no se ve nada fácil.
Ahora uno se pregunta por qué no se hizo nunca la refinería nueva, aun cuando se aprobó el presupuesto requerido. Si se hubiera hecho con tecnología de punta, con ingenieros y técnicos mexicanos, si hubieran logrado producir gasolina menos contaminante y más barata, cuantos mitos se hubieran derrumbado. Nunca lo sabremos porque ni ejecutivo ni legislativo se ocuparon del asunto y Pemex sigue nadando de a muertito. Nadie informa ni explica nada.
Pareciera que la clase política dominante está de fiesta con la desnacionalización del sector energético. ¿Eso era lo que festejaban los diputeibols panistas en Puerto Vallarta? Se ven tan fajadores, felices y alejados de su puritanismo y sus buenas conciencias, que algo grande celebraban ¿a que sí?
Otro motivo para celebrar es la millonada que lloverá sobre los legisladores. Tan prestos para levantar la mano, como extenderla para cobrar la tradicional mochada. La duda quema ¿falló el pacto firmado en público o lo pactado en lo oscurito? De tal Pacto tal astilla.
Cheiser: Inquietante artículo publicado por la BBC dice que “Los países ricos suelen pontificar sobre el manejo irresponsable y corrupto de muchas naciones, pero son los que lideran de lejos la tabla de los países más endeudados”. Encabeza la lista Japón cuya deuda equivale a 237 por ciento de su PIB. La de Estados Unidos es de 106 por ciento, Bélgica 99, Inglaterra 90.3 y Francia 90.2. En América Latina Brasil encabeza con 68 por ciento. La de Argentina es de 44 y México 43. Lo que mata no es la deuda sino los intereses.