El juez tercero de Distrito dictó una suspensión provisional en la aplicación de las tarifas de agua potable, mientras resuelve el amparo que promovió un veintena de ciudadanos por los incrementos de hasta 300 por ciento en el cobro de ese servicio en Puebla capital y municipios conurbados.
El abogado de los quejosos, Gilberto Vladimir Montalvo González, dio a conocer que la decisión se mantendrá hasta que el juez determine si es factible la suspensión definitiva que exigen sus clientes.
En entrevista con La Jornada de Oriente, aclaró que el fallo solo es aplicable para los 20 ciudadanos que se ampararon, por lo que sugirió al resto de los perjudicados con la aplicación del nuevo listado de precios iniciar un juicio de garantías para defenderse de ese acto de autoridad.
El Poder Legislativo de Puebla aprobó la estructura tarifaria el 14 de marzo pasado, dos semanas antes de que las empresas Agua de México, Epcor y Ticsa asumieran el control del servicio que les concesionó el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
La iniciativa avalada por los diputados permitió que la recaudación del servicio de agua potable pasará de ser bimestral a mensual, con la posibilidad de aplicar incrementos cada 30 días que dependerán de la inflación y el costo de otros servicios.
Los primeros recibos emitidos por la iniciativa privada llegaron a los hogares de Puebla capital y los municipios conurbados a partir de junio, con lo que iniciaron las manifestaciones públicas de inconformidad.
El miércoles anterior la delegación en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró las cajas de cobro de la empresa Concesiones Integrales –que formaron Agua de México, Epcor y Ticsa–, tras las denuncias de cobros excesivos que se presentaron oficinas centrales de la dependencia.
Montalvo González explicó que el amparo 410/2014 contra la aplicación de las tarifas lo promovió el 20 de junio pasado y el juez tercero de Distrito demoró dos semanas en admitirlo.
Dio a conocer que los ciudadanos tienen la oportunidad de emprender acciones jurídicas en contra del cobro del servicio de agua potable hasta 15 días después de que les llegó el primer recibo.