Para el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.
Por su equidad, transparencia
y eficacia como funcionario
Con la publicación de la nueva Ley de Amparo se estableció que, los “notarios” tienen el carácter de autoridades responsables siempre y cuando actúen bajo el imperio de una norma general, que es el caso. En la página 17 del libro del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, mi amigo, maestro Guillermo Pacheco Pulido, ensayo que tuve la oportunidad de comentar y analizar, tuvo la gentileza de citar sobre mi persona, transcribo de manera textual: “… Grande responsabilidad tiene el juez en este caso especial, no sólo loa juristas sino los seres humanos para hacer sólida la estructura de toda la sociedad, que al final busca la felicidad del “hombre”, reafirmar sus valores, garantizar su libertad, conceptos estos últimos a los que también debemos analizar y dar su real dimensión. Decía el jurista, escritor, periodista y político Carlos Meza Viveros en un artículo intitulado El notario ante el arbitraje y el control difuso de la Constitución, que el control de constitucionalidad ex oficio es un modelo de control difuso de la Constitución, que se conforma por lo previsto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran no sólo obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino aquellas contenidas en muchos instrumentos jurídicos aplicando el principio pro persona. Conceptos que creo, desde luego, dan más luces a los juristas al llevar estos conceptos al campo de otras competencias no jurisdiccionales…”
Nuestra nueva Ley de Amparo obliga entonces a los notarios que actúan bajo una norma general a conducirse observando de manera escrupulosa a las normas que lo rigen. Ha quedado claro en esta novedosa ley que por vicios propios de los notarios los quejosos con interés legítimo y en ejercicio de su derecho subjetivo público puedan comparecer a impetrar el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos lesivos a sus intereses por parte del fedatario público, ya por violentar sus derechos humanos, ya por actuar al margen de la ley vigente que los rige, lo anterior viene a guisa de comentario por la actitud irresponsable y desacatando un mandamiento legítimo de autoridad de la notaria 18 Martha Aguilar González quien se niega a proporcionar información a un juez sobre actos llevados a cabo por ella, en colusión y en contubernio con sus clientes y amigos en una serie de actos deleznables por su inexistencia y validez al confeccionar artificiosamente una serie de actos jurídicos que revisten nulidad absoluta.
Tampoco debe escapar de mis lectores el hecho de que los fedatarios no tienen una patente de Corzo como antes la tenían, en donde era requisito indispensable la “opinión” del Consejo de Notarios quienes sempiternamente los cobijaba, sin tomar en cuenta que la fe pública les es delegada por el Ejecutivo del estado, esto es, que la fe de la que hacen uso es la fe del gobernador y que es el secretario de Gobernación quien tiene la obligación de supervisar y vigilar sin tomar en cuenta a algunos de ellos como también sucede en el caso de Juan Tejeda Foncerrada quien de manera inmoral ha llevado la fe del ejecutivo a ventilarse en diversos juicios en su contra pretendiendo burlar la ley o el caso del notario Álvaro Zambrano Vázquez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, a quien por cierto recientemente lo condenaron al pago de daños y prejuicios por la confección de un testamento verdaderamente ofensivo el cual fue declarado nulo con la imparcialidad que un juez debe tener en el caso al no observar disposiciones del código sustantivo civil en su confección. Para fortuna de los poblanos Carlos Sánchez Martínez hoy presidente del Consejo del Colegio de Notarios, joven talentoso y principalmente provisto de una probidad inquebrantable.
La posibilidad de denunciar penalmente a estos zalagardas que utilizan la fe del gobernador para cumplir con sus fines aviesos no les depara un buen destino. Hoy serán sujetos a escrutinio por parte del ministerio público y a cubrir por sus actitudes ilegales con el resarcimiento de daños y perjuicios en contra de los afectados.
Los privilegios de antaño quedaron en el pasado. Hoy tendrán que responder ante la ley y la “fuerza” del cobijo de sus influencias será desoída ante las autoridades del fuero penal. ¿Podrán apelar a que la fe pública que detentan representa la voz de la Biblia o del Corán y por ende quedar impunes, hoy no es así gracias a la actual Ley del Notariado y lo digo habiendo sido notario público, que ya no lo soy. Esto les causará incordio, les dolerá, los indignará, pero las cosas han cambiado. Rafael Moreno Valle, mi amigo, es consciente de lo que está pasando en los casos a los que me refiero, es consiente también de que la fe que él la Constitución le concede de manera imbíbita no podrá ser sesgada. Enhorabuena para todos aquellos que habiendo sido víctimas de estas actitudes no solo inmorales sino truculentas no las dejará pasa.
En todo el país, y, así lo comenté con el entonces sub secretario de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación Enrique Quiroz Acosta dejaron de ser la balsa en la cual, pese a sus actitudes ilícitas ya no llegarán a buen puerto. Lex dura, dura lex. Hoy la madre de mis hijos notaria titular número 56 tendrá que poner el ejemplo.
Siendo secretario de Gobernación discutí acremente por actos ilícitos de notarios que no merecen serlo, enfrenté a ellos y por congruencia lo seguiré haciendo como abogado postulante. Están en marcha sendas denuncias contra estos notarios que están en los ojos del huracán pese al tráfico de influencias del cual presumen. Rafael Moreno Valle no piensa así, es un hombre de mano dura y consciente de lo que pasa en el notariado poblano. Estoy tranquilo y convencido de que “Carlitos” Sánchez Castañeda no tolerará más actitudes ominosas y oprobiosas de estos personajes que pertenecen a la casta divina. Si la ley y la razón se aplican como debe ser, el Ejecutivo del estado y el secretario de Gobernación deberán llamarlos a cuentas. No más arbitrariedades de estos chupópteros de la Ley del Notariado.