La muerte de una persona a la que se le imputaba un delito, presuntamente a consecuencia de lesiones cerebrales provocadas por policías, es grave porque pone en tela de juicio la forma de investigar y porque puede violentar derechos de las víctimas al obstruirse las indagaciones, aseveró la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer.
Sobre el expediente de queja radicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el director de la Policía de Investigación y de elementos que ejecutaron la orden de aprehensión (de un hombre supuestamente involucrado en la desaparición de una mujer joven –Ana Laura- en el municipio de Huamantla), todos ellos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la presidenta de este organismo realizó algunas precisiones.
Sin embargo, puntualizó que cada caso relativo al deceso de personas dentro de separos o en manos de elementos policiacos, es una queja diferente y contra distintas autoridades, pero que a esos expedientes se les da un seguimiento y una resolución de manera individual, “como debe ser”.
En cuanto a la posibilidad de que la CEDH emita una recomendación general por el uso de la violencia contra personas detenidas, mencionó que se realiza un análisis de toda la incidencia que ha habido respecto de hechos que pueden considerarse tortura.
Dijo que de acuerdo a ese comparativo y a los datos duros generados al interior del mismo organismo, desde su creación hasta ahora, se va a emitir un posicionamiento.
Sin embargo fue cautelosa al responder la pregunta de si puede afirmarse que en Tlaxcala se usa la tortura por parte de elementos policiacos, pues acentuó que hay algunos expedientes de queja iniciados por este tipo de hechos.
Comentó que en unos de esos casos, de años anteriores, se emitieron recomendaciones, y que en el transcurso de este periodo se resolverán algunas quejas presentadas por este hecho y que en su momento también se elaborarán las encomiendas respectivas.
La ombudsperson contestó que definitivamente, en este asunto reciente, “como se fueron dando los hechos es grave, porque pone en tela de juicio la forma de investigar de los agentes policiacos” en la entidad tlaxcalteca.
“Tenemos que observar esas técnicas de investigación, si es que este hecho se derivó como una manera de interrogatorio, entrevista; se tiene que analizar todos los pormenores y, por otro lado, de nuestra parte es lo que pedimos a las autoridades, que las apliquen bien”.
Añadió que al perder la vida una persona que es señalada como presunta responsable en la comisión de un ilícito, se deja inconclusa la indagación de un hecho diferente; vamos a esperar, se tienen que agotar la líneas de investigación de ese otro caso (presunta desaparición), de dónde se derivó esa orden de aprehensión ejecutada”.
También –abundó- se pueden violentar los derechos de las víctimas si se obstruye la investigación; no se trata de proteger derechos de una parte u otra, sino de que las autoridades trabajen conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución, que cumplan con sus obligaciones de Estado con las víctimas y con las personas imputadas, en cuanto a garantizar derecho a la legalidad y seguridad jurídica e integridad personal.