Otro de los dogmas fundamentales del neoliberalismo es el eufemísticamente llamado “adelgazamiento del Estado”, es decir, reducir irreversiblemente el aparato burocrático no sólo en su estructura físico–administrativa, sino también y, sobre todo, en sus funciones y atribuciones como regulador de la vida social. Cuando las teorías económicas clásicas surgieron, en el siglo XVIII, el “Laissez faire, laissez passer” (Dejar hacer, dejar pasar) de Adam Smith, como principio fundacional del capitalismo, se dio en un contexto muy diferente al actual: era el naciente capitalismo, con la revolución industrial y miles de pequeñas empresas produciendo bienes en serie, mientras los gobiernos de los países europeos con sus ejércitos se dedicaban a sojuzgar a los países más débiles para saquearlos de sus recursos naturales y obligarlos a comprar sus productos.
Fueron los años dorados del colonialismo y la explotación a ultranza de la naturaleza y de la fuerza de trabajo humano. En esa etapa, el Estado se convirtió en aliado incondicional del capital y se identificaban los intereses empresariales con los intereses nacionales: “Lo que es bueno para la General Motors, es bueno para los Estados Unidos”, llegó a decir un presidente yanqui. Con la globalización, el capital se volvió transnacional, concentrándose en cada vez menos manos, dejó de tener colores y bandera, volviéndose un fin en sí mismo.
Ahora, en el siglo XXI, el Estado, las soberanías y las constituciones nacionales le estorbaban en su carrera/guerra suicida por la acumulación de riquezas; entonces, decidió que era necesario apoderarse del Estado y ponerlo a su servicio para facilitar el saqueo, la explotación y el control social, justificando todo esto por la ineficiencia, la corrupción, el despilfarro, el nepotismo, la incapacidad de los políticos burócratas, lacras que el mismo sistema fomentó en su momento.
Hoy en día, para los dueños del dinero, cualquier medida de un país, cuyo Estado se niegue a asumir su papel de subordinación y servidumbre frente al capital, ahora internacional y sin bandera, es tachado de retrógrado, autoritario, represor de la libre empresa, populista, paternalista, proteccionista y, sobre todo, destructor de la “economía de mercado”, la única posible para un “desarrollo y bienestar democráticos”, según ellos.
En este contexto, hay que leer las escandalosas campañas de los vendepatrias del PRIAN y sus micropartidos aliados que ponen a cada rato el grito en el cielo, ante cualquier medida del actual gobierno por recuperar la soberanía nacional: la cancelación de un proyecto billonario con la construcción de un mega aeropuerto que representaba un negocio redondo para ellos; la prohibición de la siembra de maíces transgénicos que pretenden monopolizar las semillas y destruir la biodiversidad, así como reducir progresivamente el uso del glifosato, causante de cáncer y de insuficiencia renal; y más recientemente, la propuesta de Ley de la Industria Eléctrica que busca rescatar este servicio público de la privatización de facto que realizaron los gobiernos anteriores de Calderón y Peña, pues le restituye prioridad y control a la CFE y modifica los contratos leoninos de las empresas privadas extranjeras que bajo el pretexto de impulsar las energías limpias, despojan a las comunidades de sus tierras y se cuelgan del presupuesto estatal para asegurar la venta de un servicio que es básico.
Se trata ahora de que el Estado retome el control de los sectores clave que aseguren las necesidades básicas de la población para hacer realidad los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, considerando que en este contexto y parodiando a Luis XIV, representante por antonomasia de monarquía absoluta (“El estado soy yo”), tenemos que parodiarlo, declarando que “El Estado somos nosotros, los ciudadanos”. No los políticos, ni las empresas, ni el capital, ni sus políticos vendepatrias y lacayos suyos.