Cosas que te quiero contar sobre la Ley de la Industria Eléctrica

FOTO: esimagen / Andree Jiménez

Es egotista iniciar desde el yo. Pero no me queda de otra. Este 1 de febrero, en la habitual tertulia de los lunes en Rompeviento TV, se me ocurrió decir, entre resignado y fatalista, que no había tiempo ya para frenar el andamiaje legal de la Reforma Energética del 2013 que permitió la entrega de los recursos energéticos de México a legiones de buitres.

Así que, para arruinar mis predicciones de pitonisa, decidió el presidente de México contradecirme a lo grande. Mandó una “iniciativa preferente” para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que, por tanto, deberá discutirse y aprobarse en ambas cámaras del Congreso, diputados y senadores, en un plazo máximo de sesenta días.

Si no hay cañonazos de cincuenta mil pesos, ajustados a inflación, antes de las elecciones intermedias del 6 de junio del 2021 la energía eléctrica volverá a ser, en gran parte, propiedad de la nación.


Por ello, intentaré explicar aquí lo mero principal de las reformas a la contrarreforma eléctrica, antes que los profetas del apocalipsis nos convenzan de que Andrés Manuel López Obrador pagará la osadía de desafiar a los dioses del Olimpo.

¿Por qué en verdad es para tanto la cosa?

 

Cambios a la Ley de la Industria Eléctrica: un primer esbozo

 

Aunque a poca gente le importen las visicitudes del suministro de energía y la red eléctrica (hasta que llega el apagón o sube el recibo de la luz), este proyecto es el golpe más ambicioso y certero a la privatización encubierta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la multitud de vividores de todo pelaje y nacionalidad que especulan con el negocio del capitalismo verde.

Y la lectura de la exposición de motivos es tan clara como sencilla. Aquí te la dejo:

 

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Si le echaste un ojo, verás que no es pecata minuta. Y se entiende el enojo de los opositores.

Proclaman los defensores de paneles solares y aerogeneradores que el regresivo presidente quiere terminar con las energías limpias, pero lo que puede terminar este 2021 es el casino verde. En México, cuando menos.

Conviene, pues, explicar cuales son estas nuevas reglas del juego: la decisión presidencial de priorizar el despacho de energía mediante energía renovable de propiedad pública (la hidroeléctrica, tan cuestionable como “limpia”) relega al cuarto lugar de las compras prioritarias de CFE la compra de megavatios a las centrales privadas de ciclo combinado, el primer negocio de Iberdrola en México, multinacional que ya no construirá mas de estas instalaciones.

Aunque se le garanticen los “contratos amparados” por leyes anteriores en el despacho prioritario de energía, este queda sujeto, y el detalle importa, a cancelación o revocación en caso que estos acuerdos afecten la rentabilidad de suministro eléctrico, lo cual sucede casi siempre porque esquilmar a Papá Estado es la raison d’être de las empresas enérgéticas desde que nacieron en los albores del siglo XX.

Por otro lado, termina el sistema de prebendas y simulación de los productores independientes de eólica y solar (esos que no pagan el porteo y se garantizan suministro preferencial por dos décadas) abriéndose una vía inédita para revertir la descapitalización de la empresa pública que surgió de la nacionalización eléctrica sin tocar los fundamentos de la transición energética.

No solo eso: se pone fin al sistema de subastas, pensado, y amañado, para que los capitalistas verdes del denominado Mercado Eléctrico Mayorista mantuvieran su derecho de acceso preferente, y casi gratuito, a la red eléctrica de titularidad pública que queda expuesta a especuladores profesionales, especializados en juegar con la intermitencia de las renovables y la opacidad de los generadores para poner de rodillas al responsable del suministro eléctrico, dependiente de un supuesto mercado libre nacido para

 

“(…) garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE, ya que los contratos correspondientes tienen una vigencia de veinte años, los precios no están sujetos a las variaciones del mercado, se relega la generación proveniente de las centrales eléctricas de la CFE y, por si ello fuera poco, se aprovecha de la infraestructura de CFE, además de que se les otorga una prioridad en el despacho”. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (1 de febrero del 2021)

 

A fin de cuentas, de esto trata el movimiento especulativo de la transición energética en México y en todo el mundo: establecer, como se describe en el proyecto de decreto,

 

“la fijación de criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado por encima del interés público”.

 

Forma precisa de describir esta doble pinza que pone la infraestructura crítica del Estado, o la red eléctrica, al servicio del capital y le suministra, por otro lado, los apoyos monetarios de corto y largo plazo que les garantizan vender su energía con acceso preferencial, tarifa exclusiva y costos irrisorios que luego se cargan al consumidor doméstico.

El mejor negocio es el negocio subvencionado. Beneficios garantizados por lustros, como gustan los rentistas de ayer y hoy. Pero esta vez con una sutil diferencia. Cobran con una mano y con la otra señalan a los malignos que les impiden salvar al planeta del calentamiento global.

Es la moral de los hipócritas que, si no cobran, no salvan a nadie del apocalipsis climático. Y esta es la simulación que se expone en las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica: un “régimen de excepción” donde “las centrales de generación de CFE proporcionan el respaldo, sin ser retribuido, durante las horas que no producen energia, derivado de la ausencia de radiación solar y viento”.

La baratura del tinglado eólico-solar solo existe porque los inversionistas no pagan los costos reales, ni del respaldo ni de la intermitencia, asuntos que el Estado protector o bien asume o bien subvenciona transfiriendo estos costos al recibo de la luz, mientras los traficantes de energía, amantes de las puertas giratorias público-privadas, usaban los organismos autónomos de matriz privada, como la Comisión Reguladora de la Energía, para darse permisos y más permisos que saturaban la red eléctrica y la ponían en riesgo, tal cual sucedió en el apagón nacional del 28 de diciembre del 2020.

Ni así dejaron de exigir que comisión federal invirtiera los millones que no tiene en nuevas líneas y estaciones para aumentar las ganancias de estas centrales de propiedad privada.

Sí, las mismas que financiamos entre todos y se construyeron con esquemas de financiamiento a modo, o esos Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido (PIDIREGAS) que costaron a CFE más de 50 mil millones de dólares para financiar, en exclusiva, emprendimientos privados.

Entre las muchas cosas que propone el presidente de México en su iniciativa, y provocan el escándalo de los mercaderes, destaca el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre la Comisión Federal de Electricidad de acceder a los Certificados de Energía Limpia (CEL), una forma, cínica y un tanto siniestra, de obligar al Estado mexicano a entregar, llave en manos, plantas solares y eólicas a especuladores de todo rango a los cuales debía comprar la CFE estos certificados a costa de dejar inactivos sus embalses y centrales.

En resumen, las adendas a esta ley sí cambian las reglas del juego al poner punto final al paraíso del capitalismo eléctrico: riesgo cero, beneficio cien. Y nadie lo duda. Todo lo planeó AMLO con un solo fin, presuntamente perverso: recuperar el control público de la energía eléctrica.

Y eso lo llaman “volver a los setenta”, un tiempo mágico que, de niño, yo disfrutaba. Volvamos, pues, a esta época crucial que tanto los enoja.

Lo cual me permite contestar la pregunta inicial y contarte eso que yo quería decirte: esta ley importa. Y a todos debería importarnos.

Los que hablan de “expropiación indirecta”, violación de derechos de propiedad y otras maldiciones de rentista enojado y coyote amargado no pueden creer que un gobierno latinoamericano, a contracorriente del consenso financiero y el Green New Deal de Biden-Galán, cuestione las bases reales de un negocio que, pese a sus aspavientos ecológicos, existe, pervive y se expande gracias a esta transferencia sin fin de fondos públicos para proyectos privados que Bruselas inició con su Pacto Verde Europeo.

Lo verde del negocio verde y la simulación que termina

 

En esta feria de las vanidades y las fantasías del neoliberalismo realmente existente un solo grial ilumina a caballeros eólicos como el exregulador eléctrico, y dimitido rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, las “alianzas público-privadas”, nacidas para el desvío permanente del presupuesto hacia las especulaciones financieras.

Bueno, pues esto es lo que deshace la iniciativa presidencial del 1 de febrero del 2001.

Dudaba yo que Andrés Manuel López Obrador decidiera enfrentar esta red de “negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos” que define la exposición de motivos. Sabe él, como cualquiera, que los poderes detrás del negocio verde son descomunales, amén de obvios.

 

Cambios a la Ley de la Industria Eléctrica
El presidente López Obrador en su conferencia matutina del 10 de junio del 2020 / Imagen; cortesía de lopezobrador.org.mx

 

Habrá valido la pena. Los complejos eólicos de Oaxaca, regados de sangre y expolio, son los camposantos del capitalismo verde.

¿Pero a quién le importaba esos detalles en aquel clima de corrupción, impunidad y moralina cuando de la Reforma Energética del 2013 desmantelaba el último rasgo de perverso estatismo que quedaba en México?

Por años siguió la patente de impunidad y la hipocresía de sus propagandistas fajados en este baile de los millones que convirtió el cambio climático en negociado de fondos de inversión, bancos. empresas energéticas y oenegés.

Hasta que todo empezó a descarrilar. De vuelta a los setenta.

Y yo me alegro. Por un hecho muy concreto, que poco se menciona y mucho aclara: secar el entramado financiero de las “energías limpias” en México permitirá que por primera vez, y a la vista de todos, entendamos la triste realidad de la transición ecológica corporativa donde andamos todos metidos.

Esto es El Green New Deal: una pira millonaria para uso y disfrute de los capitalistas de siempre.

No hay aerogeneradores ni centrales solares si tú y yo no pagamos el festival de las renovables. Y no, por más que repitan la misma mentira, todos los países que entregan su sistema eléctrico a la generación eólica y solar privada cargan el experimento al consumidor cautivo,

El recibo de la luz o no disminuye jamás (España como ejemplo) o aumenta año con año, tal cual sucede en la Alemania de la Energiewende o en el paraíso californiano.

Este es el tamaño de la injuria. No se descorre el velo de los hipócritas sin que caiga la maldición del cielo. Tampoco lo dudo. Será imperdonable lo que ha hecho Obrador, pero sienta un precedente útil. Y con eso termino.

Quizás esta reforma de la contrarreforma interese en el Hexágono, donde trabajadores, técnicos y políticos luchan por evitar el desmembramiento de Électricité de France, la mayor experiencia de nacionalización nacida de la resistencia al nazismo, o incluso en España, donde muchos proponen expropiar los embalses privados para que el cártel eléctrico no siga esquilmando clientes cautivos y gobiernos amigos.

Así pues, perdón que insista, pero esta reformada Ley de la Industria Eléctrica bien merece ser celebrada porque el atrevimiento de romper un estado de cosas que parecía intocable lo tuvo también Lázaro Cárdenas al nacionalizar en 1938 aquel petróleo por el cual luchamos en la Revolución Mexicana.

Son otras circunstancias. Hoy en día, nuestra soberanía es cosa chiquita y acotada, tanto como nuestro marco de acción. Por eso agradezco el atrevimiento del presidente. Y es que los alcances, limitados, aunque ciertos, de la Cuarta Transformación consistían en eso.

No es suficiente y no bastará, bien lo sé, pero me deleita ver a los traficantes verdes defender a grito pelado sus derechos de propiedad, como antaño hacían los dueños de la Huasteca Petroleum Company y leer la catilinaria de Denise Dresser exigiendo al nuevo emperador de Washington la pronta y resuelta intervención imperial.

Todo eso me recuerda la súbita grandeza de la política, o ese instante fugaz en el cual el poder político decide no hincarse ante el poder económico.

Y hay algo más de mi parte. Leyes como estas las quisiera yo ver algún día en mi tierra natal donde ese engendro del franquismo eléctrico llamado Iberdrola reina, invicta y triunfal, frente a gobiernos entregados de antemano a la derrota, porque saben bien quién paga y quién obedece desde el año de la victoria de 1939.

Quizás sirva de poco luchar allá contra los molinos de viento, tal y como aprendimos en este epílogo de tristezas que es el Quijote, pero aquí y ahora este quijotismo no es tal porque en México si expropiamos la industria eléctrica “para que todos sus beneficios sean para el pueblo y sólo para el pueblo”.

Y aunque no sea de Cervantes, sirva la cira para cerrar mi argumento: “Ladran, luego cabalgamos”. En tan pandémicos tiempos son cosas que uno agradece. Esas cosas que te quería yo contar sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

 




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