Bajo la consigna de “no es sequía, es saqueo”, durante la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi) fueron discutidos los temas de la militarización, el crímen organizado, la violencia de Estado-empresas contra defensores y defensoras del territorio; la resistencia de mujeres en la defensa y la autonomía; la amenaza hacia los bosques y la autodeterminación de pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo, entre otros.
Los trabajos de defensoras y defensores comunitarios, activistas, colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de diversos puntos del país tuvieron como sede el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, en un salón social del barrio de Comalteopa, donde se congregaron entre 600 y 700 personas el 23 y 24 de marzo.
Esta Cuarta Asamblea se realizó en el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo, y como una forma de reprochar al Estado “atentar contra la vida de sus comunidades”, a través del despojo, la violencia extractivista y la criminalización, persecución y desaparición contra defensoras y defensores.
Durante esta jornada se desarrollaron seis mesas de trabajo con los temas: “Militarización, crímen organizado y violencia de Estado–empresas contra defensores y defensoras del territorio”; “La participación y resistencia de las mujeres en la defensa del agua y la vida” y “Autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo del agua”.
Asimismo, “Los bosques y montes como forma de vida amenazada”, “Ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo” y “Frente a la guerra capitalista construyamos el común”.
Y es que la Anavi ha denunciado que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) opera con “impunidad y complicidad en beneficio de la iniciativa privada, las transnacionales y el capital financiero”.
Los colectivos han basado sus señalamientos en una reciente investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la cual muestra “que un reducido grupo de políticos y empresas son responsables del saqueo y despojo del agua” en el país.
Entre esas industrias destacan la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con un consumo de agua de 143.7 mil millones de litros al año; Mexicana del Cobre, con 445 mil millones de litros y Compañia Industrial Minera, con 8 mil millones de litros; mientras que las empresas “de productos chatarra” extraen o “roban” 133 mil millones de litros anualmente, por lo que el problema de México “no es sequía, es saqueo”.
Por eso, en las mesas de trabajo disertaron y reflexionaron en torno a los bosques y montes para conocer cuáles son las principales amenazas en su contra, qué estrategias pueden emprender desde las comunidades y cuál es la importancia que tienen como generadores de agua.
En la plenaria destacó el tema sobre la participación y resistencia de las mujeres en la defensa del agua y la vida, con el objetivo de reconocer el papel de este sector de la población, así como de visibilizar las violencias que viven en ese proceso.
Otra de las temáticas torales fue la iniciativa de Ley para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Tlaxcala, por considerar que se pretende legitimar e institucionalizar el despojo del vital líquido, así como el de la crisis socioambiental por la contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac.
También se expuso que las comunidades tlaxcaltecas enfrentan sobreexplotación de pozos de agua, a través de la instalación de industrias, y que los ejidos de cultivo son vendidos a bajo costo a empresas inmobiliarias sin regulación y que las transnacionales llegan a privar a la población de las lluvias para la producción agrícola.
Durante el desarrollo del evento se recolectaron firmas de apoyo para solicitar la libertad inmediata de Saúl N., líder comunitario de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, acusado de homicidio calificado contra un presunto ladrón que fue linchado por pobladores de ese lugar, pero sin que a la fecha se haya demostrado su participación (según la defensa legal).
La Anavi fue el foro para expresar diversas denuncias, entre ellas las relativas a crímenes perpetrados contra defensores ambientalistas en México, como los asesinatos o desapariciones de activistas en el estado de Michoacán entre 2023 y lo que va de 2024.
En uno de los muros se colocó un tendedero con las fotografías de 11 hombres y sus nombres: Adrián, Lorenzo, Froylán, Juan Medina, Eustacio Alcalá, Alfredo Cisneros, Miguel, Isaul, Rolando, Antonio Díaz y Ricardo Arturo. Al otro extremo fue desplegada una lona larga con la frase: “El agua es feminista y nadie nos las quita”, en protesta contra la militarización del territorio xochimilca.
Entre las OSC participantes en esta plenaria de la Anavi se encuentran el Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno, el Comité de Defensores de la Identidad y Territorio de Tlaxcala (Coditet), Yoloaltepetl Colectivo de saneamiento y restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRM), “Mujeres Colibrí” Colectiva LesBica Indígena, Colectivo 4 de Octubre, Colectivo en defensa del territorio de Tlaltelulco, Comunidades en defensa de la Matlalcueyeti, Ollin Teatro y Brigada “San Pedrito” por la Matialcueiti.
Además, el Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM); Consejo Regional Totonaco Sierra Norte de Puebla, Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes y la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre”.