Tlaxcala fue uno de los 15 congresos locales que aprobaron la reforma constitucional de paridad de género para todos los cargos públicos en los tres poderes del estado y en los tres órdenes de gobierno. Así, el 6 de junio de 2019 se publicó el decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, el 6 de junio de 2021 se eligió a la segunda gobernadora de esta tierra de pan de maíz, la primera en llegar en el marco de la #ParidadTotal y también la más votada en la historia reciente. Dos circunstancias significativas que deberían reflejarse en el quehacer de la actual administración estatal; dos circunstancias que deberían forjar una historia para hacer otra historia.
Lo cierto es que no existe un gabinete paritario y que la agenda de derechos humanos de las mujeres y niñas sigue siendo desatendida, con todo y la muy presumida emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala, para la cual no se tiene un presupuesto destinado claramente y seguimos sin tener una ley para el Instituto Estatal de la Mujer, pues sigue operando bajo el decreto de su creación fechado en junio de 1999, que está rebasado.
Tampoco se han dado acciones puntuales para acatar la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata la investigación con perspectiva de género en el delito de feminicidio ni se atiende el acuerdo 04/XLIII/17 del Consejo Nacional de Seguridad Pública que estableció que tanto la Procuraduría General de la República y las procuradurías y fiscalías de todo el país tienen la obligación de investigar cada muerte violenta de una mujer como feminicidio. Son infames las negligencias y omisiones en la procuración e impartición de justicia.
Es importante defender el principio constitucional de paridad y hacer que abra el camino para frenar las violencias contra las mujeres y niñas, y lograr la igualdad, la inclusión y la justicia. La paridad debe ser referente para entender el ejercicio del poder de manera diferente; para ello, la prioridad deben ser las víctimas de violencia y sus familias, y cumplirse los acuerdos y trabajar seriamente con activistas y organizaciones; dejando de simular con discursos huecos y eventos para presumir fotos.