Un grupo de abogados presentará una solicitud de juicio político en contra de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por la probable violación al marco legal, debido a que de “manera arbitraria e ilegal” depusieron a Fernando Bernal Salazar del cargo de presidente del Poder Judicial.
En conferencia de prensa este miércoles, los litigantes Marco Antonio Díaz Díaz, Raciel Santacruz Meneses, Felipe Badillo Xilot, Juan Pérez y Jerónimo Popócatl Popócatl, entre otros, anunciaron que promoverán la solicitud de juicio político en contra de los magistrados Héctor Maldonado Bonilla, Mary Cruz Cortés Ornelas, Ernestina Carro Roldán y Marisol Barba Pérez, debido a que el pasado 14 de agosto dieron un albazo al deponer de la presidencia del TSJE a Fernando Bernal, sin que la legislación local les dé esa facultad.
“El pleno del Tribunal no puede separar al presidente, la ley sólo señala que los magistrados se pueden poner de acuerdo para elegir al presidente, pero no separarlo y más de una forma arbitraria e ilegal para después nombrar a Héctor Maldonado en ese puesto”.
Los litigantes aseveraron que con esta solicitud de juicio político buscan que prevalezca el Estado de derecho que han violado esos cuatro magistrados del TSJE, principalmente los artículos 14 y 16 constitucionales.
“Ya se les perdió la confianza a los juzgadores que son los principales obligados a observar la ley, pero son los primeros que la violan”, señalaron.
Expusieron que estarán vigilantes de que la LXIV Legislatura local dé seguimiento a su solicitud de juicio político y no ocurra lo mismo que en la LXIII Legislatura que dejó varios asuntos pendientes por la falta de trabajo de los ahora ex diputados, entre ellos el caso de juicio político contra el ex magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.
“Confiamos plenamente en esta nueva Legislatura y si no haremos puntual señalamiento de que no cumplen”, anotaron.
También anunciaron que integrarán un grupo de abogados para ser vigilantes de que las autoridades se constriñan a cumplir la que establece la Constitución, con el objetivo de evitar que las autoridades incurran en actos que violen el marco legal.
Entre los temas a los que darán seguimiento están la asignación de dos patentes de notarios de último momento por parte del ahora ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por la repartición de puestos en la LXIII Legislatura, a fin de que se llegue hasta las últimas consecuencias.