No hace mucho tiempo, dialogando con una persona que habita uno de los tantos municipios en los que las violencias se enseñorean en completa impunidad, me comentó que para las festividades nacionales toda su comunidad esperaba que “el Patrón” estuviera de buen humor, para que los precios de la canasta básica, así como los de la cerveza, fueran accesibles y pudieran celebrar las fiestas patrias con mayor empeño.
¿Cómo es eso? Sí, allá “la mañana” controla todas o casi todas las mercancías, desde la arena y materiales para construcción hasta la cerveza, pasando por las tortillas, pollo, verdura, fruta, carnes, agua, refrescos, ropa… ¡Todo!
Ellos controlan el flujo y el precio de todo.
Me sorprendió lo escuchado, pero, lo que más me asombró fue percibir que las palabras de esa persona contenían una naturalidad y una resignación inaudita, como si alguien relatara ir de compras a un supermercado o a un tianguis en una entera normalidad. Sus palabras no dejaron ver ningún espasmo ante la situación que, por sí misma, podría ser un verdadero escándalo y reto para una institución gubernamental como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Obviamente ésta es inexistente o inútil en esta y otras muchas regiones.
Ante este y otros contextos no resulta ocioso preguntarnos ¿Cuándo grupos armados ilegales habían tenido tanto poder para controlar no sólo los precios, las mercancías que ingresan en una región, sino también el espacio territorial, a la población y, además, tramitar por propia mano mediante el sometimiento la supuesta “cohesión” y “convivencia social a través de las violencias”? ¿Y las leyes que rigen nuestra democracia?
En primera instancia es importante argumentar que lo acontecido recientemente en los estados de Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, etc., no son propiamente accidentes. Estos estados y muchos más no son parte de una geografía anómala, no son un espacio en el que haya fallado la estrategia oficial de seguridad, no son tampoco nichos poblacionales que viven en la excepcionalidad, es decir, fuera de las leyes que regulan el orden y la seguridad del territorio mexicano. Históricamente, antecedentes nos sobran.
En primera instancia podríamos asegurar que el país es una gran espacio geográfico en el que se ha celebrado un permanente endoso gradual del poder local a las múltiples organizaciones armadas ilegales, las cuales, durante las últimas décadas se han configurado como ejércitos paralelos–ilegales que tienen, entre otras funciones, la ejecución deliberada de violencias para perpetuar su ejercicio de poder, un poder, basta decir, en consonancia con los intereses del gran mercado y paralelo al del Estado y todas sus instituciones o fuerzas legales de seguridad.
Esos ejércitos paralelos–ilegales tienen “otras leyes”, leyes que se implementan de forma ilegal, pero con la aquiescencia de las leyes formales. Esas otras leyes son sostenidas porque permiten mantener cierto “orden”, “cohesión” y “estabilidad” de múltiples poblaciones en México. Pero es importante señalar que esas otras leyes no funcionan de manera autónoma como podría creerse, no tienen el poder total de decisión y acción, siempre hay actores y fuerzas legales regulando, administrando y negociando su accionar.
En otras palabras, no pueden existir grupos o ejércitos ilegales o paralelos sin la aquiescencia de actores e instituciones gubernamentales en todos los niveles de gobierno, es un tipo de gobernanza o gubernamentalidad compartida que oscila entre la legalidad e ilegalidad.
Indiscutiblemente el narcotráfico implica siembra, trasiego de droga, pero es un error asumir que eso sea real y únicamente narcotráfico. El narcotráfico es más que siembra y trasiego, es una macroempresa ilegal, global, diversa y sumamente compleja. Estas empresas suelen operar en los márgenes y otras veces desde la legalidad, según el rubro comercial y económico que hayan elegido. Eso que llamamos narcotráfico suele estar mucho más alejado del mundo de las drogas y más cercano al mundo económico y político de lo que pensamos.
Estas macro y microempresas ilegales funcionan como un Estado paralelo, pero ilegal, opera en las sombras, maniobran igual que un Estado formal porque es coactivo, monopólico y territorial. Esas empresas son estables y suelen también tener un comportamiento político con fines de control estatal y territorial. Tienen un carácter organizacional, cumplen rutinas organizadas, estandarizadas y desempeñan una serie de requerimientos predecibles, estructurados, repetitivos y altamente burocratizados. Esto convierte al narcotráfico más que en un negocio, como ya se dijo, en una mega industria global–transnacional.
Esta ilegal militarización paralela sigue pasando desapercibida, a veces es maquillada, pero siempre ha sido presentada como una anomalía del Estado mexicano para brindar seguridad, como si estuviéramos ante un Estado siempre “débil”, “capturado” e imposibilitado para contrarrestar el poder y la fuerza brutal de los ejércitos paralelos e ilegales que actúan con un supuesto poder “autónomo”. Incluso, se ha categorizado desde la ciencia política como un “Estado fallido”.
La función de los ejércitos paralelos–ilegales se diversificó, si bien laboran para mantener sus intereses ligados al mundo de las drogas, también ampliaron su accionar brindado protección a las empresas extractivas globales que se asentaron y siguen arribando al país, ensancharon los cacicazgos políticos y económicos locales, desarticularon toda cohesión social en las regiones, exterminaron las disidencias políticas, comunicativas y corporativas ajenas o antagónicas a los gobiernos locales y regionales, impulsaron un desarrollo paralelo a los implementados por el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, todo a través de una violencia predatoria y en apariencia, excepcional e irracional.
Desde hace al menos tres décadas, estos ejércitos paralelos–ilegales han operado de manera “eficiente” bajo la lógica de la “acumulación por desposesión”, es decir: en el control poblacional, han acelerado los desplazamientos forzados, cuidado el flujo migratorio, vigilando y permitido la explotación de recursos, combatido las múltiples autonomías, las guardias y policías comunitarias, acorralar a los movimientos sociales, perseguir a toda consta a los defensores ambientales, acallan a la prensa incómoda, cuadrar los cacicazgos políticos y económicos a nivel regional, controlar los ministerios públicos, las carteras económicas locales, los centros penitenciaros y mantienen una asociación cómplice con actores económicos, políticos y de seguridad estatal y federal. Brindan protección a las empresas nacionales e internacionales dedicadas al extractivismo de todo tipo de recursos naturales y no naturales. Todo, bajo el esquema de las violencias predatorias y el horror.
Mientras tanto, hoy las fuerzas armadas legales, por orden gubernamental, remilitarizan su presencia en el país y se dedican a llevar a cabo el mismo desarrollo neoliberal, hoy caracterizado por la soberanía y el nacionalismo de una Cuarta Transformación. Bajo esta lógica, las fuerzas castrenses se han centrado principalmente a construir trenes, aeropuertos, refinerías y vigilar–administrar con recursos económicos demenciales los reductos de lo que consideran la “real” soberanía, tanto terrestre como aérea y marítima.
Las implementación de las otras leyes y la violencia predatoria que ha generado la proliferación de los ejércitos paralelos e ilegales en las regiones ha tenido costos a corto y largo plazo, los cuales será cuasi imposible revertir –si acaso eso pudiera ser posible.
La estructura de horror sostenida tanto legal como ilegalmente será difícil de desmontar, la aplicación de nuestras democráticas leyes ha estado supeditada desde hace décadas a esas otras leyes que han asegurado el neoliberalismo se sostenga, y sus artífices y representantes vivan del goce de una eficiente gobernanza o gubernamentalidad, siempre en plena impunidad ante las atrocidades cometidas en sus sexenios.